En su descripción de los efectos negativos de la LUC, reafirmó que la misma «coloca en riesgo a nuestra seguridad y atenta contra la educación pública uruguaya. Lo que atenta contra la educación pública uruguaya no es ni popular ni democrático».
Para el dirigente sindical, el Ejecutivo «está a tiempo de resolver este problema, tiene algunos días todavía para enviar un mensaje complementario que no recorte educación, en vivienda, salud, salario. Que construya políticas sociales que puedan ir hacia las personas con mayor debilidad», añadió en referencia a la situación actual de discusión parlamentaria del nuevo presupuesto.
Pereira enfatizó que «el gobierno debería estar mirando esta movilización con atención, porque lo que se le está reclamando es que haya mayor justicia social», algo que debería atenderse si se entendiera que los ajustes que se proponen no “lo paguen los trabajadores y el pueblo. Que lo pague el que tiene más, no el que gana un salario para poder vivir».