Además, profundizaba si Juan Carlos I había donado 65 millones de euros (más de 73 millones de dólares) de ese capital a una amiga íntima, Corinna Larssen, operación que habría tenido lugar en 2012, cuando aún era jefe de Estado.
La instrucción confirmó que en agosto de 2088 el rey emérito recibió 100 millones de euros y reconoció que hubo una intención de encubrimiento en torno a estas transferencias (primero del monarca saudí a Juan Carlos I y luego de este a Larssen).
Añade que para transferir esas cifras millonarias se utilizaron una fundación (denominada Lucum) y empresas intermediarias en Suiza y las Bahamas.
Además, asevera que la entidad bancaria que las organizó (el banco Mirabaud) no mostró documentación adecuada para justificar las transferencias y faltó a su deber de informar a la Oficina de Comunicación de Blanqueo de Capitales datos de la cuenta personal de Larssen.
En ese sentido, la Fiscalía de Ginebra impuso al banco Mirabaud una multa de 50.000 francos suizos (más de 54.200 dólares) y la obligación de pagar otros 150.000 francos suizos (más de 162.700 dólares) en costos procesales.
Este caso alcanzó notoriedad pública en agosto de 2018, luego de señalarse en varios artículos la posibilidad de que Juan Carlos I hubiese colocado en cuentas bancarias de Suiza dinero recibido en comisiones ilegales vinculadas al citado tren de alta velocidad. Este y otro caso mostraron que el exmonarca tiene cuentas ocultas al fisco español.