Gobierno acordó pagar millonario reclamo a exjerarcas blancos y colorados

Los beneficiados fueron los ministros de la Corte Electoral, Ana Lía Piñeyrúa (Partido Nacional), Arturo Silvera (Partido Nacional) y Juan Máspoli (Partido Colorado), y el ministro Francisco Gallinal, representante nacionalista en el TCR y el principal nexo con Presidencia de la República.

Según una publicación realizada por el Semanario Brecha bajo el título, «Un acuerdo amistoso», el gobierno nacional desistió de litigar y les dio toda la razón a los cuatro demandantes, a diferencia de lo ocurrido con el resto de los reclamos iniciados por funcionarios de esos organismos.

La medida no incluye a los entonces ministros del Frente Amplio del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, quienes no reclamaron nada y por lo tanto no cobrarán «un solo peso de la restitución», como lo confirmó León Lev.

Los cuatro beneficiados en cambio, lograron un acuerdo amistoso en una audiencia de conciliación luego de una sentencia de inconstitucionalidad favorable al recurrir la ley 18.996.

En la audiencia, el MEF reconoció la deuda contraída con los jerarcas y expresó su disposición a pagarles.

Según publicó Brecha, el acuerdo homologado por la jueza Shirley Pérez, implica el cobro del total del reclamo: Gallinal cobrará 1,2 millones de pesos por las diferencias salariales generadas en un período de 12 meses y los tres ministros de la Corte Electoral embolsarán 1,9 millones de pesos cada uno por un período de 18 meses. Se trata de deudas generadas entre 2019 y 2020, que fueron verificadas y ratificadas por el MEF. El acuerdo implica que el cobro se haga en dos cuotas: el 60 por ciento a los 30 días y el resto a los 60 días.

El acuerdo resultó sorpresivo, ya que se cerró en la etapa de  conciliación, sin ni siquiera litigar para exigir el cobro. Mientras que hay un grupo de unos 300 funcionarios que decidió seguir adelante con el juicio, ganó todas las instancias y sigue sin cobrar.

El reclamo tiene que ver con  la equiparación salarial de los ministros de Estado y los senadores dispuesta hace diez años por la Ley de Presupuesto Nacional. Sin embargo, la norma no consideró la vigencia de otras leyes que consagran la equidad salarial entre los ministros de Estado y los representantes de los organismos de contralor, quienes resultaron beneficiados con un aumento imprevisto.