Se refiere al “envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado por el Gobierno nacional encabezado por el expresidente Macri”.
De acuerdo al texto presentado, el propósito fue «poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez (2019-2020), tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales (2006-2019)».
Los funcionarios solicitan se investiguen los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas y por la calidad de funcionarios públicos”.
También requieren que se indague en los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
Los denunciantes también creen que se vieron comprometidos los artículos 219 y 220 del Código Penal.
Equipo para reprimir
El armamento consistió en 40.000 cartuchos de balas de goma AT 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 de gas CS y 52 de gas HC.
Así consta en una nota de agradecimiento enviada por el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara, al embajador argentino Norberto Álvarez García.
La carta está fechada el 13 de noviembre de 2019, día que asumió Jeanine Áñez y dos días después de la caída de Evo Morales.
Por entonces, a Macri le quedaba menos de un mes de gobierno, tras haber sido derrotado por el presidente electo, Alberto Fernández, en la primera vuelta de las elecciones de octubre.
El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, dijo que la justicia podría llamar a declarar a Macri por su intervención en el golpe de 2019.
