Usado por fuerzas tácticas militares, el T4, de calibre 5.56 y con fuerza cinética de mil 320 joules, fue creado en el país en el 2017 y se enmarca dentro de las nuevas especificaciones.
La Abogacía General de la Unión informó que pedirá al Supremo Tribunal Federal (STF) la prórroga del plazo para que la Presidencia de la República se manifieste sobre un reclamo del partido Red Sostenibilidad contra el decreto de armas.
Asimismo gobernadores de 13 estados y del Distrito Federal divulgaron ayer una carta abierta contra la cuestionada iniciativa sobre las armas.
“Las medidas previstas por el decreto no contribuirá a que nuestros estados sean más seguros, sino que, por el contrario, tales medidas tendrán un impacto negativo en la violencia”, indican los firmantes.
Denuncian, por ejemplo, que la cantidad de armas y municiones, las cuales podrán abastecer a criminales, “aumentarán los riesgos de que discusiones y peleas entre nuestros ciudadanos acaben en tragedias”.
En la evaluación del grupo, la disposición que amplía el derecho del ciudadano al arma incrementará la violencia en el país.
Pidieron a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que actúen para que la orden sea revocada y haya entonces una “efectiva política responsable de armas”.
Los gobernadores admitieron que la violencia e inseguridad afectan a gran parte de la población de nuestros estados y representan uno de los mayores obstáculos al desarrollo humano y económico de Brasil.
Desde principios de mayo, el precepto de armas está en vigor. Todavía no hay un cronograma para la regulación, pero, desde que se anunció, divide opiniones.
El Ministerio Público Federal en Brasilia pidió su suspensión. Actualmente, existen tres acciones contra ese “decreto de muerte”, como le apodan algunos políticos, en la Justicia Federal y tres en el STF.
