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Mundo Chile |

Gobierno chileno agilizará la búsqueda de víctimas de adopción ilegal durante la dictadura

Organizaciones no gubernamentales lamentan que el gobierno saliente no cumplió con el compromiso de crear un Banco de huellas nacional.

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El gobierno chileno anunció el lanzamiento de un proyecto piloto para agilizar la búsqueda y localización de las cerca de 700 víctimas de adopciones ilegales realizadas durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990) que se encuentran en el extranjero y en territorio chileno.

Sin embargo, desde la ONG Hijos y Madres del Silencio y la comisión parlamentaria para la investigación de adopciones ilegales lamentaron que el gobierno saliente no cumplió con el compromiso de crear un Banco de huellas nacional y tampoco trabajó con las organizaciones sociales para el armado de la iniciativa piloto.

El ministerio de Justicia de Chile informó sobre el lanzamiento de un plan piloto para localizar a cientos de personas que fueron víctimas de adopciones ilegales durante el pinochetismo. «Estamos avanzando en colaborar con aquellas personas cuyos hijos fueron adoptados en forma irregular o fueron inscritos de manera falsa, quitándoselos a sus madres y a sus padres, haciendo actos verdaderamente vejatorios de la dignidad humana», afirmó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

El plan piloto del gobierno fue denunciado por la organización Hijos y Madres del Silencio, una ONG que trabajó en la reunificación de más de 260 familias en Chile.

El organismo informó mediante un comunicado citado por el semanario El Siglo, que el gobierno va a otorgar fondos “a una ONG para comprar kits de ADN internacional que nosotros hemos usado pero que no tiene los estándares necesarios para reemplazar el Banco de Huellas Genéticas de ADN nacional que hemos solicitado desde que se aprobaran las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas el año 2019”.

Según denuncia la ONG Hijos y Madres del Silencio, el tratamiento de los datos personales de los familiares y víctimas es una de las preocupaciones ante el plan piloto presentado por el gobierno saliente. “El banco internacional de ADN no es un ente estatal, es propiedad de empresas internacionales y no da garantías a las familias del tratamiento de sus datos, pues son test personales donde se supone que son evaluados por cada persona. Acá no se sabe quién va a manejar esos datos y garantizar su privacidad”.

El diputado del Partido Comunista y presidente de la comisión investigadora de adopciones ilegales, Boris Barrera, recordó que el ministro de Justicia se comprometió a crear un banco de huellas genéticas nacional administrado por el Servicio Médico Legal. “Entregó incluso una planificación donde en varias de sus etapas fueron considerando a las agrupaciones que trabajan en esta búsqueda como Hijos y Madres del Silencio”, dijo Barrera a medios locales.

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