Como parece harto probable que la curva de contagios, ya decididamente empinada, continúe creciendo, y con ella el número de personas ingresadas en terapia intensiva, cabe insistir en que ninguna medida de restricción de la movilidad o de la actividad social puede ser implementada si a la vez no se adoptan iniciativas para ayudar a la gente que, por varios mecanismos, entre los concertados y los imponderables, no ha hecho otra cosa que empobrecerse a lo largo del año. Las medidas de ayuda, como los salarios de emergencia o la renta básica a trabajadores y trabajadoras informales, el apoyo a las empresas, especialmente las pequeñas y en los rubros más afectados, entre otras políticas de protección de la economía y de la sociedad, eran fundamentales para capear la crisis del coronavirus desde el principio, pero todavía lo serán más en los próximos meses si a los efectos de la política económica de ajuste permanente y la crisis inducida por la primera ola de la epidemia, se añaden las consecuencias de la segunda que, por lo pronto, ya tiene más casos diarios y más gente en condiciones de gravedad extrema, con pronóstico reservado.
El peor escenario para el futuro no es un eventual confinamiento masivo; es tener que elegir entre quedarse en casa sin un mango en el bolsillo o salir a la calle con una epidemia desatada. Ninguna persona debería tener que optar entre cuidarse sin comer o arriesgar la salud para parar la olla. Esperemos que lo que se avecine no sea un desastre; que las tímidas medidas logren detener el avance o que la temporada de verano, de algún modo, revierta la situación hasta niveles tolerables, pero si no es así, si terminamos diciembre con un número acalambrante de nuevos casos, a las medidas (severas) que se adopten hay que acompañarlas con recursos, con dinero para la gente más vulnerable y para ayudar a las empresas que están tecleando. De otro modo, a esta enfermedad, capaz de saturar el sistema de salud, se le va a añadir una catástrofe social.
