Toda esta situación generó dudas entre los fiscales, quienes tendrán un rol clave en el nuevo proceso penal. Ante esto, la presidenta de Amfu, Dora Domenech, con el respaldo de la Comisión Directiva, le envió una carta al fiscal de Corte, para interiorizarlo de las inquietudes que genera “la inminente puesta en funcionamiento del nuevo CPP” entre el cuerpo de fiscales. La carta -a la que accedió Caras y Caretas Portal – está fechada el 19 de abril.
“Un cambio tan profundo como el que se avecina, debe permitir despejar lo antes posible un sinnúmero de dudas como las que a vía de ejemplo adelantamos, ya que los posibles errores particulares o conceptuales que puedan producirse en los primeros meses de aplicación de la reforma pueden ser determinantes para el destino de la misma”, expresa la misiva.
En este sentido, se afirma que varios integrantes de la Comisión Directiva y otros asociados “en forma individual” plantearon “numerosas dudas a quienes se abocan a la tarea de organización futura y sustantivamente no han encontrado respuestas concretas a las múltiples interrogantes”. “A vía únicamente de ejemplo, se plantean dudas en el texto definitivo de la Ley de implementación del nuevo Código, considerando que al momento actual ya han visto la luz al menos dos reformas y se sostiene con razón, incluso de su parte, que son urgentes nuevas modificaciones para ingresar claramente en un modelo realmente acusatorio”, señala.
El gremio destaca que los aportes realizados desde el exterior, por personas ya operativas en el sistema acusatorio, en particular, integrantes del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), si bien son “de valía en muchos casos, solo son orientativos de legislaciones en la materia”. Pero “atento a las sucesivas reformas ya existentes de nuestro texto original y las que podrán sucederse, solo relevan un sendero posible, de la que la realidad sin duda se apartará”, cuestiona el gremio.
A esto se suma que “las condiciones materiales, de apoyos funcionales, administrativos, técnicos y concretamente operativos, no se llegan a comprender a menos de 90 días de la nueva implementación, aspectos que corresponde decirlo, afectan la motivación necesaria, para tan delicado paso”, cuestiona el gremio.
“Las informaciones recibidas por los futuros operadores, a la fecha no se consideran significativas para adaptarse a los cambios, estimándose que, además, es necesaria la discusión de múltiples aristas de interpretación de los textos Legales y Constitucionales entre quienes como profesionales Abogados pueden tener mucho para aportar y eventualmente objetar si se desea implementar un servicio racional y como se dijo motivado del cuerpo como tal, como totalidad”, señala.
Ante esto, el gremio de fiscales dice esperar “que se pueda mantener un diálogo sobre estas circunstancias, que en este momento son significativas para el toda la masa operativa de Fiscales, tanto de los que hacen sus apreciaciones respetuosas en voz alta, como la de aquellos que las callan por diversos motivos”.