Además, la Intendencia anunció su intención de construir en el sitio una pista de picadas, proyecto que no contaba con la habilitación ambiental correspondiente. Esta iniciativa generó aún mayor rechazo en la comunidad, ya que se trataba de un área protegida de gran valor ecológico.
La situación generó indignación entre los vecinos y organizaciones ambientales, quienes denunciaron los hechos ante el Ministerio de Ambiente. Tras recibir más de 150 denuncias, el ministerio envió una inspección técnica que constató la gravedad del relleno, documentando con fotos y videos la destrucción del ecosistema. Sin embargo, el informe resultante minimizó el impacto, lo que generó aún más desconfianza en la población.
Mientras las autoridades miraban hacia otro lado, el humedal continuó su proceso natural de regeneración. En los últimos nueve años, la vegetación y la fauna volvieron a poblar las antiguas piletas, atrayendo aves migratorias, cangrejos y otras especies. No obstante, con el relleno de residuos en marcha, la vida que logró establecerse está siendo enterrada bajo escombros y basura.
Ante la inacción de las autoridades, los vecinos del Arroyo Maldonado han intensificado sus reclamos. Con la llegada del nuevo gobierno y el cambio de dirección en el Ministerio de Ambiente, esperan que la situación se revierta. En marzo, los vecinos presentaron nuevas denuncias y, ante la falta de respuestas, decidieron recurrir a la justicia para frenar la destrucción del humedal.
Para los vecinos el conflicto entre la comunidad y la Intendencia de Maldonado está lejos de resolverse. Mientras luchan por la conservación del humedal, las autoridades locales continúan con el relleno. La intimación judicial es el último recurso para intentar detener el avance de la destrucción y preservar un ecosistema vital para la región.
