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El IASS e impuestos directos o indirectos

Por Rafael Bayce.

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Desde esta columna me he referido varias veces a la injusticia enorme que implica ponerle impuestos a las jubilaciones y pensiones. El tema tuvo su momento crítico en los años 80 en Brasil, cuando, durante el gobierno de Itamar Franco, se propuso la medida, que fue declarada inconstitucional por el equivalente de nuestra Suprema Corte de Justicia. El asunto tuvo su momento uruguayo: hace unos pocos años, el entonces fiscal de Corte, Rafael Ubiría, también adhirió a tesis contrarias a la legalidad y equidad de un impuesto a las jubilaciones y pensiones, que finalmente se modificó hasta adquirir el nombre y forma actuales de Impuesto a la Seguridad Social (IASS). Hoy, el país vive una nueva instancia de cuestionamiento a este impuesto. Pensamos que es, entonces, buen momento para recapitular temas más amplios que pueden estar vinculados a este debate.   La razonabilidad social del impuesto Las objeciones que fueron comunes a los adversarios del impuesto refieren, en síntesis, a la justicia intrínseca de la imposición y a la doble imposición de lo mismo que supondría. En primer lugar, parece cruel y fiscalmente voraz hincarle el diente a personas que no tienen, en principio, modos de recuperar un porcentaje de su ingreso con una actividad que compense esa tajada perdida. En efecto, en personas jóvenes, cualquier variación fiscal al alta puede ser compensada con algún esfuerzo laboral extra o de restricción del gasto-consumo que ajuste a esa desagradable novedad. En el caso de personas jubiladas o pensionistas, tienen mucha menor capacidad de un plus laboral (legal y prácticamente) y mucha menor elasticidad en el manejo de su estructura de gasto-consumo, por lo que el nuevo impuesto tiene un impacto negativo mayor. En segundo lugar, parece una injusticia que las personas que ya pagaron todo lo que debían en vida laboral útil vuelvan a pagar por aquellos montos que resultaron reservados para su retiro. ¡Cómo se va a pagar por aquello que fue quedando fijo para la vida poslaboral! Y sobre todo que las personas, antes de la instauración del IASS, calcularon sus ingresos futuros sobre una base que se les cambió sobre la marcha; es como si se cambiara el precio de un inmueble cuando ya fue comprado por un monto determinado o que se aumentara la prestación mensual pactada, en base a la que la gente valoró su gasto mensual. En ambos casos es bien probable que, si el precio del inmueble hubiera sido el que resultó del aumento sobre la marcha, o si la prestación hubiera sido la que resultó de la suba, el comprador no hubiera adquirido la propiedad por ese valor y esa prestación; sólo le queda el injusto esfuerzo por aumentar su sacrificio. El IASS es como un aumento de la prestación sobre la marcha para la compra del inmueble, o como un aumento del precio de lo adquirido, porque podrá comprar menos de lo que creía con ese ingreso. Eso, por ejemplo, también puede ocurrir si aumenta la inflación con el consiguiente daño mayor para el poder adquisitivo de los ingresos fijos; pero en este caso es una circunstancia superviniente y ajena a la voluntad de quien adjudicó la suma del retiro, cuando en el caso del IASS es una alteración voluntaria del monto que se habría acordado como merecido por quien se retira en mérito a su edad, sus años de trabajo y el valor de los aportes que se hicieron por ellos. Para un jubilado o pensionista actual, el perjuicio, nobleza obliga, no es tanto porque ya puede calcular el monto que recibirá incluyendo el IASS; fue todavía peor para todos aquellos que tuvieron la esperanza de determinado monto y de los que comenzaron su retiro sin él. Pero no deja de ser injusta la imposición doble que significa haber pagado todo lo que se debía pagar durante la vida laboral para la vida poslaboral y volver a pagar por aquello a lo que se suponía tenía derecho luego de haber pagado todo lo debido. La esencia de la racionalidad de una pensión poslaboral de retiro es que se está pagando, durante la vida laboral, el costo de la vida poslaboral. Partiendo de la base de que durante la vida poslaboral no se va a poder tener la actividad generadora de ingreso que se tenía antes, entonces, si se disminuye el monto de la pensión poslaboral mediante un impuesto, se retacean ‘a traición’ las expectativas habidas sobre el monto y poder adquisitivo de la pensión, sin (en general) posibilidades de trabajar o de trabajar con un rendimiento que compense el déficit (si se puede trabajar física y mentalmente y si se puede conseguir un trabajo que no conflictúe con la pensión).   Algunas modificaciones a lo anterior Hay dos descargos en la vida contemporánea a lo antedicho. Uno. Hay razones por las cuales el costo de una persona retirada aumenta y por lo tanto recarga más los servicios que necesita. Como primera razón, el aumento de la expectativa de vida de la población, que hace que todos los bienes y servicios públicos deban suministrarse a las personas retiradas más tiempo del previsto con el aporte que el retirado hizo en vida, especialmente en salud. Como segunda razón, así como cada vez hay más pasivos más tiempo sobre la población económicamente activa, también hay más no trabajadores en edades prelaborales que estudian y provocan más gasto privado y público relativo a su número. Ergo, tenemos instalado el enorme problema contemporáneo de que cada vez la población económicamente activa y el Estado gastan en más cosas sobre más personas; y no lo tenían calculado (error, pero es así aunque ya no pueda comerse más esa pastilla): es parte de la explicación de la endémica crisis fiscal de Estado contemporáneo. El IASS es una injusta y tardía reacción a esta imprevisión sobre la creciente expectativa de vida, que no debería, en nada, recaer sobre los más longevos, porque suya no es la culpa de nada de eso. Y son los que menos pueden compensarlo. Dos. Así como aumenta la expectativa de vida, aumenta también la calidad de vida en cada edad avanzada; las personas se retiran, en general, con mayor desperdicio de capacidad laboral y menor necesidad de retiro. Quizá es momento, entonces, de pensar en alterar las edades de retiro obligatorio o en condicionar retiro o no retiro a pruebas de habilidad y capacidad, aunados a la voluntad de las personas y de las instituciones en las que trabajan (esto daría para largo, no para ahora). Pero, para lo nuestro, se supone que el IASS compensa ese déficit fiscal y que las personas pueden, hoy sí, trabajar poslaboralmente, si se me permite esa especie de oxímoron, para lo cual, a su vez, hay que organizar un sistema de permisiones laborales poslaborales. En eso se está, pero esa solución parcial suscita otro grave problema estructural: el del recambio laboral y del acceso de la mano de obra joven, en momentos también de un aumento de la escasez relativa progresiva estructural del empleo (informatización, robotización, automatización). En fin, hay múltiples problemas nuevos que contribuyen a endémicas crisis fiscales. Pero lo que es claro es que es injusto e inequitativo que esos déficits se intenten enjugar mediante un impuesto a retirados; deben existir otros modos. Lo único que puede hacerse con la masa de retirables para disminuir sus costos a la sociedad cuando retirados es o bien retrasar su retiro y que sigan aportando al producto y al Estado, o bien permitirles acotadas actividades poslaborales que puedan compensar aumentos del IASS (si se decidiera que este es un buen paliativo a las novedades antedichas). Nos queda un enorme aspecto del IASS en el tintero (expresión obsoleta si las hay): el hecho de que el IASS sea un impuesto directo y no uno indirecto, lo que, para una visión redistributivista del Estado y gobiernos, parecería positivo. En efecto, en la medida que los indirectos son pagados igualmente y en igual proporción por personas de diverso poder adquisitivo, los impuestos directos, pagados progresivamente, serían más justos y redistributivos que los indirectos. Pero ante esa válida observación teórica, la realidad indica que, efectivamente, los directos pueden ser redistributivos, sí, pero desde la clase media hacia abajo; porque para arriba (donde se encuentra mucha mayor proporción del ingreso que del medio para abajo), hay miles de modos de evadir impuestos, todos ellos sofisticados y caros, pero que compensan por lo que permiten ocultar; además, y como permiten seguir los juicios mediáticamente accesibles a ricos-famosos, cuando las evasiones son descubiertas y judicializadas, los montos de condena a las que son sentenciadas refuerzan la idea de que vale la pena la evasión y que la redistributividad teórica de los impuestos directos (como el IASS) no rinde tanto en la realidad socioeconómica.

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