Informe Especial del Comisionado Parlamentario sobre impactos de la LUC en las prisiones

Durante su comparecencia el funcionario del Parlamento expresó un conjunto de preocupaciones a partir del estudio de varias de las normas propuestas que a su juicio tendrían efectos negativos para el desarrollo del trabajo de rehabilitación, al tiempo que generarían condiciones para que se produzca un aumento de la reincidencia.

Durante esta comparecencia el comisionado sugirió un conjunto de alternativas a los diferentes artículos que aparecen en el Proyecto de Ley de Urgente Consideración y que tendrían impactos relevantes en la situación actual de las prisiones nacionales.

De acuerdo a la comunicación publicada en la página de la institución parlamentaria, en dicha convocatoria el Dr. Petit presentó un documento en carácter de Informe Especial a la Asamblea General.

El comisionado señaló que: «Buena parte del planteo implica un aumento de penas, reformas procesales que acotan posibilidades liberatorias, achicamiento del sistema de redención de penas, de soluciones de justicia restaurativa o de medidas alternativas, pareciendo soluciones pensadas para casos de gravedad conductual que son minoritarias y que son habitualmente contenidos por las normas vigentes, pero que de aprobarse las modificaciones de esos temas significarán un aumento injustificado de la población penitenciaria lo que a corto plazo es contraproducente para la propia seguridad pública y la rehabilitación según nuestro entender y lo que creemos indican las mejores prácticas internacionales».

El informe presentado rechaza de forma enfática el aumento de las penas para adolescentes, al respecto se señala: «Prueba evidente de que no tenemos un sistema penitenciario blando o una política criminal etérea, es que tenemos uno de los sistemas penitenciarios más poblados del mundo y triste líder en la materia en América Latina. El desafío, creemos, es justamente como lograr que ese sistema no sea una causa de criminalidad sino su freno y su plataforma de transformación, en todos los casos posibles, de integración social». También recomendó a los legisladores tener especial cuidado «en no cambiar normas sin fundamento empírico que indique que ese cambio es necesario y cuya modificación puede, al incrementar de manera ineficiente la población penal, volverse mucho más parte del problema que de la solución para los desafíos que enfrentamos para garantizar la vida de todas las personas».

Para el comisionado se torna necesario transformar artículos, descartar otros y avanzar hacia otras fórmulas de propuestas, entre ellas «incluir la responsabilidad del Estado por sus omisiones dentro del sistema penitenciario, básicamente ausencias de programas de tratamiento y acciones sociodeducativas, de manera de ser civilmente responsable, con el consiguiente resarcimiento de las víctimas, por las muertes, lesiones y enfermedades invalidantes que genera esa ausencia de la acción estatal».

Al referirse a esta cuestión de la presencia del Estado, se señala:»La omisión del Estado uruguayo de cumplir con el mandato constitucional de tener cárceles aptas para la profilaxis del delito y la re educación, es generador de delitos y daños en las personas. Muchas de las muertes, heridas graves, deterioros en la salud general y salud mental de los internos privados de libertad, se deben a que en parte significativa del sistema no existen los mínimos y básicos programas de asistencia social capaces de al menos atemperar las carencias y problemas con que los procesados y condenados llegan a las cárceles».

Para el Dr. Petit: «Esa responsabilidad del Estado casi nunca es activada debido a la propia vulnerabilidad de las víctimas de su inacción: personas en exclusión social, sin familias, sin acceso a un juicio de resarcimiento, sin siquiera conocimiento que ese daño que padecieron en la cárcel ellos o sus familiares –agravamiento de su salud, aumento o inicio del consumo de drogas, heridas graves e invalidantes, deterioro psicológico e incluso la muerte a manos de terceros– puede y debe ser resarcido por el responsable último de la salvaguardia de esas vidas: el Estado».

El comisionado Parlamentario ha insistido, de forma sistemática en sus Informes anuales en la inviabilidad económica de un sistema penitenciario caracterizado por su alta «inflación» penal, la evidencia de un sistema de cerca de 12 000 prisioneros genera que la tarea de rehabilitación sea más un formalismo verbal que una posibilidad real a ser llevada a cabo por un sistema que además, aún no se ha desprendido de un conjunto de carencias de larga data.

La forma en que en el Proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) se articula acudir a un aumento de la penalidad con la seguridad pública, puede a juicio del comisionado»volverse mucho más parte del problema que de la solución».

El informe presentado por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario al Parlamento a propósito de la LUC, puede descargarse en: https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/Informe%20LUC%20CP%20final.pdf#overlay-context=user