Los delitos que se le imputan, en el caso denominado Golpe de Estado II, son resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes e incumplimiento de deberes.
“La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con la privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años”, establece el artículo 153 del Código Penal.
El juicio contra Áñez, en el que figuran también como imputados el exalto mando de las Fuerzas Armadas y el estado mayor de la Policía de su gestión, fue descrito como “histórico” por el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Un día histórico”, indicó en la víspera la autoridad gubernamental a la televisora estatal.
Según la Fiscalía, se cuentan con más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales que indican que la ahora detenida en el penal de Miraflores de La Paz adecuó su conducta a ese tipo penal.
El Ministro de Justicia indicó que el proceso no “debería” extenderse, pero aclaró que se prevé que la defensa de la acusada presente “obstáculos legales y chicanas, que buscan aplazar en el tiempo el debido proceso”.
En este caso están implicados el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, hoy prófugo; el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta; el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros y el excomandante de la Armada, Palmiro Jarjury. Todos ellos, de acuerdo con la acusación, ayudaron a que Áñez pueda instalarse en el Gobierno.