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Los instigadores de asesinar a Cristina Fernández, integrantes de Revolución Federal fueron liberados y reclamaron que se haga rápido el juicio a los tres detenidos por el atentado, sin esperar a poder verificar los posibles vínculos.
Según informa Página 12 con sus resoluciones, los integrantes de la Cámara Federal Argentina , los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens apuntan a cerrar la pesquisa sobre los vínculos de las personas que atacaron a la vicepresidenta y a mantener la causa del ataque separada del expediente que investiga a Revolución Federal. Los integrantes de esa violenta agrupación Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabina Basile fueron liberados pese a que hablaban de matar a CFK y a su relación con Brenda Uliarte, protagonista directa del atentado.
En menos de 24 horas, la Cámara Federal porteña, Sala I, la llamada Sala M (por macrista) de Comodoro Py, le pegó dos golpes a la investigación sobre la tentativa de asesinato de Cristina Kirchner. Este martes, ordenó la libertad de los integrantes de Revolución Federal que probadamente hablaban de matar a la vicepresidenta. “No se verifica de momento la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones" (la del intento de magnicidio y las violentas acciones de Revolución Federal) y "no hay peligro procesal" en las libertades, dictaminaron los camaristas. Así liberaron a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabina Basile. Ni siquiera se dignaron a poner en la resolución que hay que profundizar la investigación para determinar si hay relación entre el ataque, Revolución Federal, el financiamiento de la agrupación, el ultraderechista-patovica Hernán Carrol y los sectores más duros de Juntos por el Cambio. Y esa postura de la Cámara Federal es coherente con lo que los mismos magistrados --Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens-- resolvieron el lunes: sugerirle a la jueza María Eugenia Capuchetti que eleve cuanto antes a juicio la causa por el atentado. O sea, como si todo se circunscribiera a los tres detenidos por el ataque --Fernando Sabag, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo--, en lugar de esperar a poder analizar todas sus vinculaciones. Con un agregado insólito de la Cámara: que debe profundizarse la investigación de la custodia, los integrantes de la Policía Federal y los jóvenes de La Campora que rodeaban a CFK el 1 de septiembre.
(Integrantes del ultraderechista grupo Revolución Federal)
Los liberados
El fiscal Gerardo Pollicita había acusado al grupo de Revolución Federal de ser parte de “un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”. Se les imputó el delito de intimidación pública que prevé una pena de tres a ocho años de prisión “al que organizare o tomare parte de agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren como objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. Además, con el agravante previsto para “quien aliente a la persecución contra una persona o grupo a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
Como se sabe, en los intercambios del grupo se mencionaba la idea de matar a CFK, a Máximo Kirchner y a Alberto Fernández. El grupo produjo hechos de violencia contra la Casa Rosada, la asunción de Sergio Massa, la de Silvina Batakis, así como agresiones contra otras figuras políticas. En la marcha de antorchas contra la Casa Rosada, con tentativa de incendio incluido, estaba presente Brenda Uliarte, protagonista del ataque a CFK.
Pese a todos estos elementos, los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens --los dos primeros trasladados ilegalmente por Mauricio Macri, en tanto que Llorens jugó de arquero en la quinta del ex mandatario-- resolvieron otorgar la libertad a los cuatro integrantes detenidos: Morel, Sosa, Guerra y Basile. Son cuatro resoluciones cortas, de cuatro páginas cada una, con dos argumentos:
* No hay peligro procesal, es decir que se fuguen o que alteren la causa judicial.
* No se han encontrado vínculos con el ataque a CFK.
Nada de profundizar la pesquisa, buscar vínculos, analizar el financiamiento. El intento de matar a la vicepresidenta queda en un lejanísimo plano y los camaristas protagonizan otro evidente recorte de la investigación.
Este martes mismo, la Cámara de Casación, que administra el edificio de Comodoro Py, con la firma de Alejandro Slokar, ordenó que se sacaran las banderas de Revolución Federal que puso un grupo en apoyo a sus integrantes. Las banderas estaban colocadas en las rejas del edificio de Retiro. Justamente Casación consideró que se trata de una organización violenta imputada por intimidación pública.