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La expresidenta de facto boliviana, Jeanine Áñez, se declaró en huelga de hambre un día antes de que empiece el juicio en su contra por el golpe de Estado que la llevó al poder tras el derrocamiento de Evo Morales.
En el caso denominado «Golpe II», Áñez es acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al haber asumido la presidencia el 12 de noviembre de 2019 sin cumplir los requisitos institucionales necesarios, apenas un par de días después de que se consumara el golpe contra Morales. La Fiscalía solicitó la pena máxima de diez años para la exsenadora.
«Bolivianos: hoy desde mi celda en (la cárcel de) Miraflores, La Paz, tomo una de las decisiones más duras de mi vida. Hoy ingreso en huelga de hambre. Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley», dijo Áñez en una carta leída a los medios de comunicación por su hija, Carolina Ribera.
«Veo que mi acción podrá ayudar a que la comunidad internacional entienda que la justicia es de Evo Morales y de Luis Arce», afirmó la exgobernante de facto, sobre quien pesan varias denuncias que van de las irregularidades para su investidura presidencial a su responsabilidad en distintas masacres de manifestantes contrarios al golpe de 2019. «Estoy enferma, pero mis últimas fuerzas las dedicaré para mostrar al país y al mundo que estos machos del poder no podrán borrar de la historia que cometieron fraude, fueron encontrados y renunciaron escapando del país», agregó en el texto.
Áñez, detenida desde marzo de 2021, denuncia de forma constante que se violaron «todos sus derechos y garantías» durante el proceso. Sin embargo, en octubre del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó una solicitud de medidas cautelares a favor de la detenida expresidenta interina. La defensa de Áñez había solicitado las medidas a fines de agosto pasado señalando «amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de la vida e integridad personal de la exmandataria».
El 10 de noviembre de 2019 el entonces presidente Evo Morales se vio forzado a renunciar a su cargo en medio de una serie de protestas por denuncias de presunto fraude electoral, un motín policial y una «sugerencia» de las fuerzas armadas para que dimitiera. Dos días después asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, mediante un cuestionado proceso de transición en el que presuntamente no se respetaron los reglamentos legislativos.