Por el momento, la respuesta es negativa. El Escudo no es una organización militar. No cuenta con un tratado constitutivo comparable con el de la OTAN ni con un compromiso de defensa colectiva. Tampoco está basado en estándares y mecanismos de compatibilidad de las FFAA que crearían un sistema bastante integrado, aunque con especificaciones nacionales.
Lo relevante, no obstante, es observar si comienza a formarse una nueva arquitectura de seguridad hemisférica, qué amenazas pretende abarcar y hasta dónde puede avanzar su institucionalización. Y, sobre todo, quién tendrá la capacidad de decidir qué constituye una amenaza para el hemisferio.
Del narcotráfico a la geopolítica
En sus primeros documentos, el Escudo parecía tener un objetivo relativamente acotado. La Declaración del 5 de marzo surgió de una conferencia dedicada a la lucha contra los cárteles. El documento, sumamente breve, hablaba de cooperación bilateral y multilateral, seguridad fronteriza, protección de infraestructuras críticas y combate contra el narcoterrorismo y el tráfico de drogas. Desde esa perspectiva, la iniciativa podía interpretarse como una nueva plataforma para coordinar políticas frente al crimen organizado.
Sin embargo, incluso aquel primer documento dejaba abierta una puerta importante. Los participantes no se comprometían únicamente a enfrentar el narcoterrorismo, sino también “otras amenazas compartidas” para el hemisferio occidental y para sus intereses comunes. La fórmula era suficientemente amplia como para permitir que el concepto de seguridad desbordara rápidamente el marco de la lucha contra los grupos delictivos.
La proclama firmada por Trump el 7 de marzo, dedicada ya al propio Escudo, planteaba entrenar y movilizar las FFAA de los países asociados frente a los cárteles, pero al mismo tiempo llamaba a mantener a raya las “influencias extranjeras malignas” procedentes de fuera del hemisferio. El salto conceptual era significativo. Los cárteles seguían ocupando un lugar central, pero la seguridad hemisférica comenzaba a vincularse también con la competencia entre Estados Unidos y actores extrarregionales.
La misma lógica había sido planteada en la última edición de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) norteamericana de diciembre de 2025, que presenta el hemisferio occidental como un espacio donde Washington aspira a impedir que potencias rivales adquieran posiciones estratégicas, capacidades militares o control sobre activos considerados críticos. Desde ese marco, el Escudo deja de parecer exclusivamente una respuesta al narcotráfico y empieza a insertarse en una concepción mucho más amplia del orden regional.
La evolución posterior lo hizo todavía más evidente. En septiembre, los países participantes del Escudo comenzaron a hablar no solo de seguridad, sino también de economía y coordinación multilateral. Entre los ámbitos incluidos aparecieron el control de inversiones, las cadenas de suministro de minerales críticos, la infraestructura digital y la cooperación en organismos internacionales.
En otras palabras, el Escudo empieza a abarcar quién invierte, quién suministra tecnología, quién controla recursos estratégicos y qué actores externos pueden adquirir influencia en el hemisferio. De la lucha contra los cárteles se está pasando, gradualmente, a la geopolítica.
Una larga historia
Es cierto que la comparación con la OTAN tiene límites. Aun así, hay un factor que le otorga más fundamento: el sistema regional ya dispone de un instrumento jurídico de defensa colectiva anterior incluso a la OTAN. Se trata del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en Río de Janeiro en 1947, que establece que un ataque armado de un Estado contra un Estado americano será considerado un ataque contra todos los Estados americanos y obliga a las partes a prestar ayuda frente a la agresión.
El TIAR llegó a 2026 debilitado, aunque no completamente inactivo. México abandonó el tratado en 2002, Nicaragua y Bolivia lo hicieron en 2012, y Ecuador en 2014, reduciendo su alcance regional y poniendo en evidencia la pérdida de consenso en torno al viejo sistema interamericano de seguridad. Sin embargo, el tratado volvió a adquirir protagonismo en 2019, cuando fue invocado para abordar la crisis venezolana. El precedente demuestra que el TIAR conservaba capacidad de acción, aunque de manera episódica. Una eventual convergencia con el Escudo supondría no tanto resucitar una institución desaparecida como convertir una herramienta utilizada de forma ocasional en una pieza más permanente de la nueva arquitectura hemisférica.
Para entender la posible evolución del Escudo resulta importante el artículo 6 del TIAR. Este permite activar el mecanismo de consulta no solo frente a un ataque armado, sino también cuando la soberanía o la independencia política de un Estado se vean afectadas por otro tipo de agresión, por un conflicto extracontinental o, en una fórmula especialmente amplia, por “cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América”.
El vínculo entre esta vieja arquitectura jurídica y el nuevo Escudo dejó de ser solamente teórico en septiembre. En la declaración conjunta, los gobiernos participantes anunciaron su intención de solicitar, en el marco de la OEA, una reunión de consulta basada precisamente en los artículos 6 y 13 del TIAR, con el objetivo de considerar acciones colectivas contra organizaciones calificadas como narcoterroristas.
Aquí aparece una diferencia importante con la imagen simplificada de una “OTAN latinoamericana”. El Escudo no necesita reproducir desde cero la estructura jurídica del bloque atlántico. Puede apoyarse en instituciones interamericanas que existen desde hace casi ocho décadas, pero reinterpretándolas frente a amenazas que sus redactores difícilmente podían imaginar en 1947.
Ese desplazamiento merece atención. El TIAR fue concebido fundamentalmente para responder a agresiones contra los Estados. El Escudo plantea ahora la posibilidad de recurrir a los mecanismos del TIAR frente a organizaciones criminales transnacionales calificadas como amenazas para la seguridad hemisférica. La novedad no está en la cláusula de defensa colectiva, vigente desde 1947, ni en invocar el artículo 6 sin ataque armado, como ya se hizo en 2019, sino en el blanco: ya no un gobierno, sino organizaciones criminales.
Control efectivo sobre la región
La evolución del Escudo permite identificar con mayor claridad una ambición que trasciende la cooperación contra el narcotráfico. Su declaración de septiembre organiza la iniciativa alrededor de tres pilares economía, seguridad y coordinación multilateral y dibuja, en conjunto, un proyecto de orden hemisférico considerablemente más amplio.
Los participantes se proponen explorar mecanismos de control de inversiones, proteger las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes diversificadas y confiables y promover el uso de “proveedores de confianza” en la infraestructura digital. China no aparece mencionada en el documento. Sin embargo, resulta difícil separar estas disposiciones de la competencia entre Washington y Pekín, particularmente en sectores donde las empresas y el capital chinos han adquirido durante las últimas décadas una presencia importante en América Latina.
El Escudo también ha comenzado a proyectarse sobre la política interna de los Estados. En mayo, sus miembros emitieron una declaración conjunta en respaldo al gobierno boliviano de Rodrigo Paz frente a protestas y bloqueos que, según el texto, buscaban “subvertir el orden constitucional”. Dos meses después, una nueva declaración sobre Colombia reclamó respeto a los resultados electorales, a las autoridades competentes y a la transición institucional. Esta dimensión quedó incorporada, además, en el documento de septiembre. Los integrantes se comprometieron a defender la gobernanza democrática frente a redes narcoterroristas armadas, coordinar sanciones y acciones financieras, y recurrir a instrumentos humanitarios y de comunicación para “defender la voluntad popular”.
Cuando una coalición de seguridad comienza a pronunciarse sobre crisis políticas internas, la discusión deja de limitarse a la cooperación contra amenazas transnacionales. También aparece el problema de quién determina cuándo está en riesgo el orden constitucional y qué respuestas colectivas son legítimas. Es, en otra escala, la misma pregunta que acompaña al Escudo desde su origen: quién define la amenaza común.
La perspectiva de un conflicto armado abierto entre EEUU y China parece distante y poco deseada por ambos. Por lo tanto, la construcción de la arquitectura Escudo/TIAR podría entenderse no como una preparación para la guerra con una potencia nuclear, sino principalmente como un mecanismo para ampliar la capacidad de Washington de condicionar las decisiones de los países miembros, así como una vía para asegurar posiciones económicas preferenciales para Estados Unidos.
La ESN plantea que EEUU debe convertirse en el “socio de primera elección” de los países del hemisferio, desalentar por distintos medios su cooperación con competidores extrarregionales y condicionar los términos de alianzas y ayudas a la reducción de la influencia considerada adversaria, incluida la presencia en puertos, infraestructuras y activos estratégicos.
El último cuarto de siglo ha sido un periodo de expansión de la presencia china en Latinoamérica. Las provisiones de la ESN sentaban las bases para un intento de socavar las posiciones chinas en el hemisferio. Pero la continuación de la expansión de la potencia asiática en el continente americano, con nuevos contratos multimillonarios por recursos naturales, incluso en los países liderados por gobiernos más alineados con EEUU, parece demostrar las dificultades de Washington para desplazar a China mediante la competencia económica y los límites de su influencia incluso sobre gobiernos políticamente alineados. De ahí que se apueste por expandir la cooperación económica mediante herramientas político-militares.
Argentina ofrece un ejemplo particularmente ilustrativo de los límites de esa estrategia. El gobierno de Javier Milei, uno de los más cercanos a Washington en la región, firmó en 2026 con Estados Unidos un acuerdo sobre minerales críticos. Sin embargo, su canciller, Pablo Quirno, aclaró públicamente que el entendimiento no excluía las inversiones chinas en la minería argentina. El caso muestra que el alineamiento político con Washington no elimina por sí mismo los incentivos económicos que sostienen la presencia de China en América Latina.
De hecho, después de una contracción del intercambio bilateral en 2024, el comercio entre Argentina y China volvió a crecer con fuerza: durante el primer semestre de 2025 aumentó un 38 % respecto del mismo período del año anterior. La expansión se observa también en sectores visibles para el consumidor. Para agosto de 2026, las marcas automotrices chinas ya representaban alrededor del 10 % de las ventas de vehículos en Argentina, frente a aproximadamente el 2 % un año antes, favorecidas además por la apertura del mercado a vehículos eléctricos e híbridos.
En el Chile de José Antonio Kast la potencia asiática siguió siendo durante el primer semestre de 2026 el principal socio comercial, concentrando el 30,8 % del intercambio total y casi el 34 % de las exportaciones chilenas. En Bolivia, ya bajo el gobierno de Rodrigo Paz y en pleno acercamiento político a Estados Unidos, China era, a julio de 2026, a la vez el principal destino de las exportaciones y el principal origen de las importaciones. Incluso, el nuevo gobierno boliviano ha anunciado que respetará los contratos de litio suscritos con empresas chinas, pese al cambio de orientación de la política exterior.
Algo similar ocurre en Ecuador. El tratado de libre comercio con China, vigente desde mayo de 2024, continúa estructurando buena parte de la relación bilateral. Entre enero y mayo de 2026, China fue el segundo mercado de las exportaciones ecuatorianas, con un 19 % del total.
Estos casos muestran una dificultad central para cualquier proyecto estadounidense de reducir la influencia extrarregional: incluso gobiernos que buscan una relación política y estratégica más estrecha con Washington conservan fuertes incentivos para mantener sus vínculos comerciales, financieros o productivos con Pekín. Si la competencia económica por sí sola no basta para desplazar a China, crece el interés por trasladarla al terreno institucional.
Uno de los indicadores clave de la futura evolución del marco de relaciones entre EEUU y América Latina será la reactivación del TIAR. Si los gobiernos boliviano y ecuatoriano, actualmente cercanos a la orientación regional de Donald Trump, comenzaran a reincorporarse al tratado, el paso hacia el formato integral TIAR/Escudo sería significativo. Venezuela podría ofrecer otra señal en la misma dirección, aunque su situación jurídica es diferente. El gobierno de Nicolás Maduro denunció el TIAR en 2013, pero en 2019, durante el período en que la OEA reconocía a los representantes de Juan Guaidó, Venezuela depositó los instrumentos de ratificación y actualmente figura formalmente como Estado parte.
No se trataría entonces solamente de la expansión de una iniciativa nacida en 2026, sino de la reconstrucción de una arquitectura interamericana de seguridad que durante años pareció perder relevancia. El Escudo aportaría la nueva agenda; el TIAR, una base jurídica creada hace casi ocho décadas. La convergencia de ambos mecanismos sería una señal de la institucionalización de una arquitectura destinada a ampliar la capacidad de Washington para condicionar las decisiones políticas, económicas y de seguridad de los países del hemisferio. El futuro entramado TIAR/Escudo no sería una OTAN, sino una plataforma de proyección de la influencia estadounidense adaptada a las condiciones específicas del hemisferio occidental.
Texto: Oleg Kraev.
