«La conducta de las partes ha sido correcta, cada parte defendió su postura sin malicia temeraria, por tanto no impondrá sanciones», señaló la jueza en su escrito.
No así, en cambio, en los dirigentes demandados, cuyas acciones se enmarcaron en «una decisión política en el derecho de libertad de expresión» al hacer declaraciones a la prensa, sin «configurar un ataque a la dignidad de la persona».
El conflicto se generó a partir del anuncio de la incorporación de Serafini a un sector político del Frente Amplio.
Daniel Martínez, por entonces líder de la coalición, pidió al artista abstenerse de integrar la lista en virtud de la ola de denuncias anónimas contra él sobre comportamientos inapropiados.
Las denuncias contra el cantante eran anónimas y ninguna llegó a concretarse en los juzgados. Sin embargo, afectaron seriamente su imagen pública y, según dijo, debió cancelar compromisos profesionales.
El Gucci entabló una demanda civil y reclamó U$S 70.000 a Martínez, US$ 60.000 a Goyeneche y US$ 50.000 a Di Candia por violación moral a su imagen. A su vez exigía US$ 150.000 por lucro cesante, es decir ingresos que dejó de percibir por la afectación a su imagen pública.
