La fiscal María Nogueira, a cargo del caso, se encuentra revisando los antecedentes, los plazos y la prueba disponible para decidir si impulsa finalmente la imputación.
Tribunales de (des)Honor
La investigación judicial surgió a raíz de la divulgación de actas del Tribunal de Honor Militar de 2018, donde el represor José Nino Gavazzo confesó su participación en el asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro, militante del MLN, cuyo cuerpo fue arrojado al río Negro en 1973.
Manini Ríos fue quien recibió el expediente completo como comandante del Ejército. Según su versión, informó verbalmente al entonces ministro de Defensa, José Bayardi, pero no presentó la denuncia ante la Justicia, lo que derivó en una posible infracción penal.
El periodista Leonardo Haberkorn reveló públicamente el contenido del acta en 2019, lo que generó una crisis institucional que terminó con la destitución de Manini por parte del presidente Tabaré Vázquez, y el inicio de una causa judicial que desde entonces permanecía paralizada.
Fiscalía: riesgo de prescripción
El artículo del Código Penal que tipifica el delito de omisión de denuncia establece una pena máxima de 18 meses de prisión, lo que implica un plazo de prescripción de cuatro años. De confirmarse esa interpretación, el caso habría prescripto en 2023, lo que impediría avanzar en cualquier imputación.
No obstante, la fiscalía estudia si existen elementos jurídicos que hayan interrumpido o suspendido el plazo de prescripción, como la presentación de recursos, demoras por fueros o trámites parlamentarios. La decisión final se tomará en los próximos días, según trascendió.
Desde Cabildo Abierto no se han pronunciado oficialmente sobre el tema, aunque el entorno de Manini ha reiterado que el general actuó “según lo que correspondía” en su momento.
A cinco años del episodio, la justicia deberá resolver si se puede juzgar a quien optó por callar frente a una confesión de asesinato.
