En mi opinión, el gobierno se equivoca en todo el enfoque: primero, porque es obvio que esta ley no fue elegida por la gente. La gente eligió al presidente y a los legisladores que integran la coalición, pero el contenido de esta ley nunca estuvo en debate. Es más, el presidente Lacalle Pou se cuidó mucho de mantener el secreto sobre su formulación mientras era candidato. La ley ya la tenían, por lo menos delineada en sus trazos fundamentales (y vaya que anuciaron que habría una megaley de cientos de artículos), pero nadie que no fuera del núcleo íntimo de Lacalle Pou tenía una idea precisa de su contenido. En segundo lugar, porque la contraparte natural de intentar aprobar en una sola ley de trámite abreviado cientos de artículos sobre decenas de temas, estirando el alcance para el que fue pensado este instituto de la ley de urgencia hasta más allá de cualquier límite decoroso, es que te la quieran derogar en masa.
Esto no se trata de poner un palo en la rueda. En todo caso se trata de impugnar que te quieran pasar por humilde rueda todo un camión con su acoplado. Porque no es justo ni es honesto adjudicarle a la oposición social y política un activismo patológico de oposición a cualquier iniciativa por razonable o irrelevante que sea. El Frente Amplio no ha actuado así nunca, pero sobre todo no ha actuado así durante este período marcado por la epidemia en el cual, por el contrario, le pidió al gobierno que gastara más, que tuviera iniciativa de ayudar a la gente, que no ajustara en un contexto tan adverso para todos. Y el gobierno no se dedicó a movilizar ninguna rueda, a poner en marcha ningún programa, ninguna idea de política pública. Salvo comprar las vacunas con montos reservados o extender el seguro de desempleo, no hizo más que ajustar y ajustar y ajustar. Y seguir ajustando cada vez que pudo y debilitando al Estado en todos los rubros, jactándose del “ahorro” mientras la pobreza crecía a pasos agigantados.
Por último, es verdaderamente deshonesto afirmar que hubo intenciones desestabilizadoras o antidemocráticas en promover un referéndum. Los referéndum son institutos previstos en la norma, por lo que su utilización es legal y profundamente democrática. Lo que no es democrático es usar el instrumento de la ley de urgencia para regular cientos de cosas distintas, ninguna de las cuales tenía un carácter urgente. La forma de protesta que encontró la oposición fue juntar firmas, sin poder siquiera movilizarse por motivos que todos conocemos. Más pacífico y democrático que eso no existe nada en ningún lugar del mundo. Y como argumento para defender una posición, nunca un gobierno puede intentar invalidar un recurso perfectamente constitucional privándolo de legitimidad o adjudicándole una especie de vicio intrínseco.
La oposición tendrá que llevar adelante su campaña discutiendo las normas impugnadas y difundiéndolas, porque hay muchas que la gente todavía no conoce bien. Hay que polemizar con el contenido de esos 135 artículos sin caer en atajos. Porque por supuesto que una reflexión general sobre la orientación del gobierno de Lacalle Pou contribuye mucho a la tarea de posicionarse a favor o en contra de la derogación, pero es bueno tener la seriedad de abordar el articulado concreto y ponerlo sobre el tapete, porque es en ese terreno que el oficialismo no quiere que se transite, justamente donde la gente espera que se desarrolle una campaña sobre un referéndum de un conjunto de normas. Y es sobre esas normas que todos necesitamos discutir. No olvidemos que es sobre ellas que, finalmente, hay que votar.
