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La preocupación manifiesta y reiterada del presidente de la República y su ministro de Defensa por la formalización del militar retirado Leonardo Vidal, responsable del asesinato del prisionero Nelson Berreta en 1972, es absolutamente indignante.
El asesinato se produjo en 1972, antes del golpe de Estado de junio del 73, y es o bien un crimen de guerra, si se les ocurre definir la represión de la guerrilla como una guerra, o un crimen de lesa humanidad, por lo cual no corre la prescripción. El responsable material está plenamente identificado y también está identificado el teniente que dio la orden de ejecución, de apellido Velasco, ya fallecido. Se trata del homicidio de un hombre capturado, maltrecho por la tortura y esposado que intenta fugarse a pie sin ninguna posibilidad de éxito, absolutamente inerme, desvencijado, que fue acribillado por la espalda por el soldado Vidal con disparos de metralleta, luego de que el teniente Velasco diera la orden de matarlo.
Fue un crimen atroz e innecesario, sin que mediara ningún combate, de un hombre apresado, desarmado y con sus manos esposadas. Hubiese bastado para detenerlo que lo corrieran, que dispararan al aire o incluso que le dispararan a las piernas, si el objetivo era detenerlo e impedir una huida, de todos modos imposible. Pero lo asesinaron. Por odio, por diversión, por jactancia. Es imposible discernir el motivo de una orden maligna, infame, innecesaria y brutal contra una persona ya militarmente derrotada, ya prisionera, ya indefensa y que no representaba ningún peligro ni para las Fuerzas Armadas ni para nadie. Dispusieron de su vida porque podían, porque eran capaces de eso y de cualquier otra brutalidad, cegados por el poder de fuego, convencidos de que eran dioses sobre la Tierra y de que el poder les era un atributo inherente a su condición militar y, además, para siempre. Nunca se imaginaron ser juzgados, y en buena medida tenían razón, porque han pasado casi 50 años sin que tuvieran que cumplir un castigo por semejante atrocidad.
La actitud del presidente Lacalle Pou y del ministro García, que además declara con una petulancia sorprendente, constituye una clarísima presión a la Justicia de un caso que está en curso y sobre el cual no hay todavía sentencia y, mucho menos, cosa juzgada. Se inscribe en el contexto de una permanente presión proveniente del Parlamento, donde por segunda vez los senadores de Cabildo Abierto utilizan su media hora previa para cuestionar las resoluciones judiciales, aunque esta vez agregando la advertencia de que están dispuestos a cambiar leyes, organismos e instituciones para consagrar la impunidad de sus camaradas de armas. Así las cosas, tenemos un presidente solidario con la causa de la impunidad, capaz de pronunciar públicamente su preocupación por la actuación judicial en medio de su trámite en un caso aberrante en el que ni siquiera hay dudas de la autoría de la ejecución, como pudo haberse planteado en otros casos. Pero, además, un presidente que se contradice, porque hace apenas unos días, consultado por Ignacio Álvarez en una entrevista dominical y a propósito de la media hora previa de Manini Ríos, dijo que al presidente solo le cabía respetar a la Justicia y no tenía por qué pronunciarse en todos los casos y ante todos los temas.
Observemos esto: cuando la media hora previa de Manini Ríos, prefirió hacer silencio, en lugar de repudiarla y se defendió diciendo que él no tenía que hablar de todos los temas, pero dejando claro que era respetuoso de la Justicia. Pocas semanas después, ante la formalización de Vidal, abandona su tesitura de no pronunciarse y ventila su preocupación y presiona al Poder Judicial. La conclusión evidente es que el primer silencio fue una concesión propia de una sintonía intelectual con el planteo de Manini, pero convenientemente callado, como para no pagar los costos del exabrupto. En el segundo caso, cuando se produce la formalización de Vidal, el presidente se expresa a través del ministros porque el costo que de ninguna manera quiere pagar es el que le puede cobrar el sector nostálgico de su coalición, cada día más volcado hacia su variante ultraderechista y convertido en vocería oficiosa de los militares del proceso dictatorial.
En las últimas horas se hace pública la restitución de la placa de Víctor Castiglioni en el Departamento de Inteligencia, pese a todas las violaciones a los derechos humanos que se le imputaron y a su responsabilidad en la tortura y desaparición de personas. Mucha gente puede opinar que, nuevamente, nos estamos sumergiendo en una discusión sobre los hechos ocurridos hace más de 30 o 40 años, pero en realidad ni siquiera son los opositores los que están poniendo el tema sobre el tapete, es el propio gobierno, dispuesto a enfrentarse con la Justicia para defender y reivindicar a torturadores, represores y asesinos por los que, hasta hace poco tiempo, no se atrevían a levantar la voz. Simultáneamente, las fuerzas políticas del gobierno y aliados instalan en redes sociales permanentemente tendencias sobre los tupamaros, motorizadas mayormente por cuentas truchas y dan rienda suelta a un fascismo desde el anonimato que llama poderosamente la atención, sobre todo cuando a la primera oportunidad son capaces de homologar crímenes de hoy con acciones de la guerrilla de hace cincuenta años y sembrar todas las suspicacias posibles, enturbiando el clima, para convencer a la ciudadanía de que hay una amenaza latente, para la cual hay que prepararse, mientras aprueban leyes en el Parlamento para criminalizar la protesta social a un punto tan extravagante, que hasta los relatores de la ONU sobre Derechos Humanos ya pusieron el grito en el cielo. Van solo unos meses, pero hace rato que este gobierno mostró la hilacha y es una hilacha tenebrosa y amenazante.