-ser productor ganadero o lechero, cuya explotación esté ubicada en alguna de las zonas declaradas bajo emergencia agropecuaria (según resolución vigente);
-ser productor familiar con registro vigente o
-ser productor ganadero o lechero con hasta 500 hectáreas físicas o
-ser tenedor de ganado sin campo;
-completar los datos solicitados en el formulario web.
Para el caso de los productores apícolas, el criterio para poder acceder es:
-estar en la zona declarada en emergencia agropecuaria;
-haber presentado la última declaración jurada del Registro de propietarios de colmenas;
-ser productor familiar registrado;
-haber pasado en 2020 por una sala de extracción de miel habilitada.
A esto se suma la posibilidad de, con esos requisitos, acceder a créditos blandos o apoyos financieros del Banco República.
Para Agazzi esta es una concepción bien neoliberal del tratamiento de la emergencia agropecuaria, en que el Estado, en este caso el Ministerio de Ganadería, no debe actuar, salvo que le sea solicitado, y siempre y cuando el afectado tenga posibilidades de llegar al ministerio y cumpla con algunos requisitos.
En marzo del año pasado, ya con otra sequía en la puerta, el ministro José María Uriarte había anunciado que la ayuda financiera sería escasa y que esperaban poder desarrollar mejores herramientas.
Agazzi señala que “los productores no van al banco a pedir préstamos, eso no es tratamiento de emergencia. El préstamo lo pueden sacar en cualquier momento, haya o no emergencia. Conozco que los lecheros decidieron no sacarlo. Hay 14 millones de hectáreas en emergencia, deben contener más de 30.000 productores, y no se sabe cuántos solicitaron ayuda. Seguro que son menos de mil”.
Si bien la declaración de emergencia discrimina los rubros de producción, “no establece diferencia entre productores familiares y empresas capitalistas”, comenta Agazzi.
“El ministro dice que hay que ayudar con la formación de bienes públicos, por ejemplo con el control de la bichera, pero no hay que ayudar concretamente a los agricultores y frente a la emergencia no hicieron nada con la gente, todo aquello que hicimos nosotros del reparto de ración, de ayudar a embolsar, nada de eso. Uriarte enfoca la sequía como un fenómeno meteorológico, pero no lo enfoca como fenómeno social del sector agropecuario. Lo de este ministerio es una ajenidad, es una ‘no política de Estado’; los productores grandes van a tener herramientas y los chicos que se arreglen como puedan”, agrega el exsenador y exministro de ganadería Ernesto Agazzi.
Sálvese quien pueda
En diciembre del 2020 ante la inminencia de la sequía, el productor salteño Herico Ferreira sostenía en su columna radial de M24: «Volvimos a lo que teníamos hace muchos años: que se salve el que pueda».
Ferreira consideró «discriminatorio» la no inclusión del sector granjero como colectivo que necesita apoyo para afrontar los perjuicios de la sequía, y mostró sorpresa por la afirmación de Nicolás Chiesa, titular de la Digegra, quien fundamentó que la granja no necesita asistencia porque en el litoral norte la mayor parte de la producción se desarrolla bajo invernáculos.
«Me llama muchísimo la atención que Chiesa no lo sepa, que no se haya informado», agregando que «tal vez eso se pueda corregir viniendo al norte. Decir que en el norte se hacen mayoritariamente los cultivos bajo invernadero y que el agua es suficiente me parece bastante fuera de lugar», afirmó Ferreira.
Según el trabajo técnico realizado por Avanza Salto Hortícola, Encuesta intención de siembra 2020, ejecutado entre el 15 de enero y el 10 de febrero de 2020, la horticultura a campo en ese departamento ocupa 1.809 hectáreas, mientras que los cultivos protegidos se desarrollan en 502 hectáreas.
En una nota para Caras y Caretas de febrero de este año, Ferreira afirmaba: “Para los sectores productivos que tienen problemas, por ejemplo, ahora que transitamos estos episodios de sequía, lo que hay son créditos bancarios. Antes, en los gobiernos del Frente Amplio accedíamos a subsidios, si eran ganaderos, lecheros, se le entregaba al productor ración, se acompañaba a los productores para que los problemas y las inclemencias climáticas golpearan lo menos posible. Y las soluciones, cuando teníamos problemas derivados del clima, llegaban en tiempo y forma”.
Para el actual director de Desarrollo Rural del MGAP, Carlos Rydstrom, el sector hortícola tiene su propio fondo en el Dirección General de la Granja, aunque dijo desconocer los criterios técnicos de por qué ese sector queda por fuera al analizarse el impacto de la sequía en el territorio.
Un visionario
En noviembre del año pasado, el senador y productor rural Sebastián Da Silva, ocupó algunos minutos de prensa con una idea no muy original, pero que sonó como tal por aquello de que “siempre hay un Colón volviendo a descubrir América”.
El senador nacionalista hizo un pedido ante la Cámara de Senadores para que se deje de cortar el pasto en las banquinas de las rutas, al menos por un tiempo, para que los productores puedan usar ese pasto para sus animales, debido a la sequía.
Da Silva dijo que «decenas de miles de hectáreas de campo que forman parte de las banquinas de nuestras rutas nacionales con el correr del tiempo se han transformado en un banco de semillas».
«El cuidado de estas banquinas está mayoritariamente a cargo de la Corporación Vial del Uruguay, empresa subsidiaria de la Corporación Nacional para el Desarrollo, quien tiene entre sus cometidos cortar regularmente estos pastos, algo que es visible en todas las épocas del año, y en donde proliferan los tractores con sus rotativas (o pasteras) cumpliendo esta tarea.
En verdad, quizás la originalidad radique en pedir que no se corten los pastos, pero desde tiempos inmemoriales, o al menos desde que existen banquinas, miles de pequeños productores sacan a pastar su ganado, claramente, antes de que se realicen los trabajos de corte. Una práctica habitual de nuestros paisanos, que, debemos reconocer, tomó estatus parlamentario gracias a la gestión del senador”.
Contante y sonante
Desde que se declaró la emergencia agropecuaria en diciembre de 2020, la cantidad de productores a febrero de 2021 que recibirán el préstamo de microfinanzas del BROU, ya avalados por el MGAP, son 700.
En el caso de los lecheros, el crédito por Unidad Ganadera es de 40 dólares hasta un máximo de 12.000, a devolver en 12 cuotas mensuales en pesos o a 180 días en moneda estadounidense.
En el caso de los ganaderos, el crédito es de 25 dólares por unidad ganadera con un tope de 7.500 dólares devueltos en dos pagos, a noviembre de 2021 y noviembre de 2022.
A febrero son 700 productores en un universo total de distintos rubros de 30.000.
