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Por Pablo Silva Galván
La propuesta de eliminar la representación docente en los organismos de gobierno de la educación pública es vista desde la Federación Nacional de Profesores (Fenapes) como un paso en el intento de imponer una concepción mercantilista en la enseñanza. “Es la versión aristocrática y conservadora de un proyecto político que trata de minimizar los avances democráticos en la sociedad”, dijo a Caras y Caretas el vicepresidente de la gremial, José Olivera.
Dicha idea es manejada por el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, quien ha señalado que entre los casi 500 artículos que contendrá lo que denomina “ley de emergencia” se encuentra la eliminación de los cargos electivos en el Codicen y los consejos desconcentrados.
Esta concepción ya había sido manejada por el propio Lacalle durante la campaña electoral de 2014, cuando manifestó, durante una presentación, que «la educación tiene que estar en manos de los gobernantes» y advirtió que los blancos están «comprometidos con retomar la autoridad».
«Si nos toca ser gobierno, vamos a recuperar el gobierno de la educación, no lo vamos a compartir con las corporaciones», volvió a reiterar durante la actual campaña.
La idea es eliminar los dos cargos electivos en el Consejo Directivo Central (Codicen) y los que integran los consejos desconcentrados de Primaria, Secundaria, Educación Técnico Profesional y Formación Docente.
Hasta la aprobación de la “ley Sanguinetti” los consejeros de Primaria eran designados por el Poder Ejecutivo (tres del partido mayoritario y dos de la minoría); aquí si había reparto de cargos políticos. En Secundaria tres eran elegidos por el cuerpo docente, tres por los otros entes de enseñanza y el Poder Ejecutivo elegía un presidente a propuesta de los primeros seis consejeros (el ministro de Instrucción y el rector de la Universidad podían integrar el Consejo con voz y sin voto); en la UTU el consejo estaba integrado por diez miembros elegidos de la siguiente manera: dos por el Poder Ejecutivo que también elegía al director general, uno por la Universidad, uno por Primaria, uno por la Comisión Nacional de Bellas Artes, uno por la Cámara de Industrias, uno por la Federación y la Asociación Rural conjuntamente, uno por la Comisión Nacional de Fomento Rural y dos por el profesorado.
Para Olivera se trata de “la versión aristocrática y conservadora de un proyecto político que trata de minimizar los avances democráticos en la sociedad. De hecho, el Partido Nacional debiera saber que en la historia de la educación uruguaya, hasta la Ley 14.101, particularmente en lo que respecta a Educación Secundaria, los docentes siempre tuvieron una activa participación en la designación de las autoridades educativas”.
“Fue el proyecto reaccionario y conservador de la Ley 14.101, gobierno colorado, con [Julio María] Sanguinetti como ministro de educación [aprobada en el gobierno de Juan María Bordaberry a comienzos de 1973 y que sirvió como instrumento a la dictadura, N. de R.], el que partidizó el control de la educación. Fue un elemento de control político e ideológico del sistema educativo. Abrió el reparto político partidario de los cargos. De ahí hasta ahora se ha manejado la educación como botín de guerra. Los partidos de derecha pusieron en la conducción, sobre todo en la posdictadura, a aquellos que no tuvieron suerte con sus carreras electorales. Como no fueron diputados, se les daba como premio consuelo un cargo en la educación”.
Recordó que eso se revirtió, en parte, con la nueva Ley General de Educación -aprobada bajo los gobiernos frenteamplistas-, con la que “nosotros tenemos diferencias”, aclaró. Pero “está claro que no hay elementos en la práctica que permitan aseverar lo que dice el Partido Nacional. Primero, la ley no consagra la representación de los sindicatos, sino que trata de restituir, en clave de construcción democrática, que haya una representación del orden docente, del gremio que es más que el sindicato, y para esto permite que haya una elección democrática supervisada por la Corte Electoral, a la cual los distintos colectivos presentan candidatos”.
En las dos elecciones realizadas hasta el momento, “la mayoría la han obtenido los candidatos promovidos desde el Pit-Cnt, porque además esto es coincidente con nuestra concepción de una democracia más profunda”.
“Es importante recordar que en esas elecciones el Partido Nacional y el Colorado, en alianza, compitieron por esos cargos”, subrayó. Recordó que el candidato a la vicepresidencia por el coloradismo, Robert Silva, “no llegó al cargo que ocupó en el Codicen por primera vez, ya lo había intentado en la primera elección y perdió, porque en esa oportunidad los dos cargos que estaban en disputa en el Codicen fueron ganados por las listas sindicales. Pero también allí hubo una lista del Partido Colorado y del Partido Nacional, que fueron juntos a disputar ese espacio. Votaron en contra de la ley por este aspecto, pero después fueron a competir por esos cargos”.
Agregó que “lo que tampoco se puede demostrar es que esto haya sido un obstáculo para el desarrollo de las políticas públicas en materia de educación o para el funcionamiento de los organismos. Es más, yo diría lo contrario: en los momentos más complejos, desde el punto de vista político, en los que, por ejemplo, el propio oficialismo ha tenido dificultad para completar el quinquenio, particularmente en el Codicen, han sido los consejeros representantes de los trabajadores los que han garantizado la gobernabilidad y la institucionalidad de las instituciones educativas. Por tanto, esto tiene que ver con una concepción reaccionaria, conservadora, de limitar los márgenes democráticos en la sociedad y seguir entregando el gobierno de la cosa pública a unos pocos, a unos elegidos. Porque en definitiva ellos no creen en la democracia participativa como elemento de mejora de la convivencia de la sociedad”.
Proceso de mercantilización
Para Olivera, se trata de avanzar en el proceso de privatización y mercantilización de la enseñanza, que ya asoma en varios países de América Latina. “Ya se han leído los manuales escritos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En el caso de Lacalle Pou, que tiene como futuro ministro de Educación a un hombre -Pablo da Silveira- que se ha formado en instituciones privadas, particularmente confesionales, sabe que el último obstáculo a vencer para avanzar con su proceso de mercantilización y privatización de la educación son los trabajadores organizados. Porque lo están viendo a lo largo y ancho de América Latina. Si uno ve quién enfrentó los decretos que pretendían privatizar los servicios de educación y de salud en Honduras, que hasta costó un muerto, fueron los sectores de educación y salud organizados. Si uno ve quienes han enfrentado el proceso privatizador que se quiere llevar adelante en Costa Rica, se encuentra a los sindicatos docentes. O si uno ve lo que ha hecho la Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) en contra de las políticas neoliberales de Mauricio Macri, tiene que sacar una conclusión muy clara: esto es un sujeto colectivo muy peligroso. Con los hechos analizados hay que eliminarlos y por lo tanto hay que sacarlos del camino del proyecto de mercantilización y privatización. Ellos saben que esto es una condición sine qua non. Quitar, desarticular las organizaciones sindicales de docentes es parte del camino que tienen que seguir para llevar adelante el modelo”, señaló.
Y volvió a apuntar a los blancos al señalar que “sobre todo el Partido Nacional, que tiene un actor como Pablo Da Silveira, que es un mercenario al servicio de la Universidad Católica del Uruguay. Si uno mira el currículum de los intelectuales que manejan como técnicos, todos están vinculados hoy en día a la Universidad Católica. Es un verdadero insulto para un Estado laico como Uruguay que se le diga desde el espacio religioso confesional, como es la Universidad Católica, cuáles son las soluciones que se deben aportar a la educación pública”.
“Defienden intereses y eso implica que se tomen ciertas decisiones políticas que van en la dirección de estos planteos”, sentenció.
Respecto a la posibilidad de que este planteo sea llevado adelante, recordó que “lo primero es que hay que ver es que no hay consenso en la oposición en torno a esto. Si uno mira las últimas encuestas que dan primero al Frente Amplio y abajo a los blancos y colorados, y yo escucho que el único que está planteando esto es el Partido Nacional, puedo pensar que en el Parlamento no tendría votos”.
Para Olivera, el objetivo de los sindicatos de la educación es ir “mucho más allá de lo que hoy consagra la ley de educación porque seguimos reivindicando la total autonomía de los organismos de la educación pública. Esa es nuestra lucha”.