La decisión del presidente es cuestionada porque, ante la retirada de una transnacional que opera en un rubro concesionado, en lugar de no involucrarse en un conflicto “entre privados” y dejar que todo se resolviera por lógicas de mercado, quedando sin trabajo un montón de gente, decidió buscar una salida con la intervención del Estado, protegiendo a los usuarios y a los obreros, salvando la infraestructura instalada, aun a costa de comprometer temporalmente recursos públicos para concretar la solución. En suma, Vázquez priorizó las fuentes de trabajo, el mantenimiento del servicio y del patrimonio de la empresa por encima de una ecuación fría, y eso es algo absolutamente intolerable para los neoliberales porque, como sostiene Talvi en su mensaje, va a “contramano de la tendencia universal”, que, lejos de querer un Estado interventor, busca retirarlo y privatizarlo todo.
La lógica puramente economicista habría significado el desguace de la empresa y la pérdida de 200 fuentes de trabajo, pero afortunadamente el presidente buscó el camino de poner al Estado a favor de esos trabajadores y de los usuarios de gas por cañería sin preguntarles qué votaban ni cuál era su pensamiento político. Actuó, en consecuencia, como una persona sensible y no como una calculadora de contador, incapaz de conmoverse por algo distinto a un balance de cuentas.
El próximo gobierno, si tenemos la mala fortuna de que lo obtenga la derecha, va a ir por el camino de la desprotección de la gente. Eso es lo que se esconde en el criterio extendido de “austeridad” y “ahorro del gasto público”. Así que lo presumible, casi de primera, es un ajuste fiscal que no se va a concentrar en los gastos administrativos o superfluos que pueda haber distribuidos por el Estado, sino en el gasto social, en el salario y las jubilaciones. Habrá que olvidarse del concepto mismo de Estado de bienestar. Pero el programa neoliberal no se va a detener ahí, y es evidente que tan temprano como les sea posible, van a intentar un programa de “reformas estructurales” que va a incluir necesariamente la seguridad social, la flexibilización laboral y la privatización de empresas públicas. Esa es la aclamada “tendencia universal”, el objetivo medular del proyecto restaurador.
Lo más probable es que el próximo gobierno vuelva a someternos al arbitrio del Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales de crédito. Ya sabemos por los antecedentes del gobierno de Luis Alberto Lacalle que ni siquiera es necesaria una situación financiera que justifique pedirle dinero al FMI porque estarán dispuestos a firmar un préstamo ya no por recursos, sino por las condiciones de políticas neoliberales que el organismo impone. Si uno revisa la página de Ceres, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, think tank del neoliberalismo en Uruguay, fundado por Ramón Díaz y Ricardo Peirano, y dirigido durante 20 años por Ernesto Talvi, encuentra que el último artículo escrito por este último, cuando todavía no era candidato, se titula ‘¿Por qué Brasil necesita al FMI?’. Ya en 2016 afirmaba que Brasil debe someterse a las políticas fondomonetaristas. Textualmente, en el artículo expresa: “Brasil no cuenta con el equivalente institucional del Banco Central Europeo (BCE), un organismo con la potestad de hacer todo ‘lo que sea necesario’ (‘whatever it takes’) para retener acceso al crédito a tasas razonables mientras el país se aboca a reformas fiscales y estructurales. Lo más parecido al BCE que tiene Brasil es acceso al Fondo Monetario Internacional, con el cual debe negociar un programa de ajuste”.
Eso mismo que Talvi le recomendaba a Brasil y que ya hizo Argentina es lo que va a proponer, junto a Lacalle Pou, para Uruguay; las consecuencias de un programa de esa naturaleza serán un desastre. Conviene tenerlo en cuenta.
