Sin embargo, la instrumentación de la ley encuentra algunos obstáculos para su realización efectiva. En cinco comunidades autónomas aún no se han creado las comisiones encargadas de evaluar los casos. Andalucía, Galicia, La Rioja, Madrid y Navarra no cuentan todavía con dicho instrumento.
Otro problema para la ley lo puede representar la objeción de conciencia. La norma prevé la creación de registros de objetores, aunque no estipula un lapso de tiempo concreto para su puesta en marcha.
Desde la Organización Médico Colegial española se han manifestado en contra de dicho registro. «Creemos que los registros de objetores son un grave error y solo van a generar distorsiones y estimular que la gente se apunte, a pesar de que muchos médicos no saben si van a objetar o no, porque cada caso es un mundo», explicó Juan Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión de Deontología de la institución.
No obstante, el apoyo a la eutanasia parecería ser mayoritario entre los médicos. Una encuesta realizada por el Colegio de Médicos de Madrid en 2019, arrojó que siete de cada diez galenos estaban a favor de regular la práctica. Mientras que un estudio similar, llevado a cabo por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, mostró que más de la mitad de los médicos encuestados no se opone a la norma y cerca de un 30% se manifestó a favor en ciertos casos.
Aún así, la ley impulsada por el PSOE tendrá que enfrentar recursos de inconstitucionalidad en los tribunales, presentados por el PP y Vox. Por lo tanto, la vigencia de la norma podría peligrar y aún está por verse su continuidad en el futuro.
