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Al ser preguntado sobre por qué no renunciaba al Senado para dedicarse a la campaña electoral, Luis Lacalle Pou dijo que no lo hacía porque se venían temas muy importantes a tratar, tal el caso de Venezuela… Ahora, cuando llegó la bendita sesión, no fue. Es el mismo candidato que habla de achicar el gasto del Estado.
Daniel Martínez, en cambio, sí lo hizo. ¿Es ilegal lo del candidato presidencial blanco? No, pero no es ético. Aparicio Saravia sentenció: “La patria debe ser dignidad arriba, regocijo abajo”; pero poca incidencia han tenido sus palabras en el herrerismo.
Los uruguayos le estamos pagando a Luis para que legisle, estudie leyes, presente proyectos, atienda reclamos y solicitudes dirigidas al Poder Legislativo, asista a las sesiones ordinarias y extraordinarias y, en definitiva, cumpla con las obligaciones inherentes a tan honrosa investidura, no para que haga campaña. Lo peor es que no solo le estamos pagando por una tarea que no realiza, sino que también le pagamos al suplente.
Que el sistema le pague el sueldo tanto al titular como al suplente es una inmoralidad tan grande como la partida asignada a cada legislador para la compra de diarios y revistas. Eliminar esta partida tal vez no mueva la aguja del déficit fiscal; pero daría una buena señal al país y seguramente la imagen que tenemos de este poder del Estado mejoraría mucho. Se trata de unos 1.000 dólares por legislador; o sea, 130.000 dólares por mes y nada menos que 7.800.000 dólares por cada quinquenio.
Coincido con la derecha en que hay que bajar el costo del Estado, pero no en cuanto a la inversión social, sino al costo de la clase política. Danilo Astori, cuando en su condición de vicepresidente de la República presidía la Cámara de Senadores, recortó muchísimo los viajes de los legisladores. ¿Cuánto se ahorró? No importa. Lo que importa es el mensaje de austeridad de arriba hacia abajo. Siempre recuerdo cuando el expresidente Julio María Sanguinetti dijo que tendríamos que “ajustarnos el cinturón” y el ajuste solo lo padeció la parte más vulnerable de la población, porque la clase política continuó manteniendo todos y cada uno de sus privilegios. José Mujica, en cambio, predicó con el ejemplo y nadie puede decir que se enriqueció con la política. También Tabaré renunció a un dinero que por ley le correspondía, caso del subsidio tras cesar como intendente de Montevideo.
La expresión “servidor público” ha perdido su significado con algunos, porque la función pública no debe verse como un negocio, sino como un honor; no es para servirse de ella, sino para servir. “Desde los 16 años estoy en este negocio”, llegó a decir Luis Hierro López, vicepresidente por el Partido Colorado. ¡Qué diferencia con Batlle y Ordóñez, que fuera electo presidente en 1903 y 1911!
Ya desde la primera etapa sus electores tomaron debida cuenta de la rectitud del estadista en el uso de los dineros públicos. En una carta enviada a los diputados que lo votarían solicitó: “Hasta ahora los presidentes han tenido $ 2.000 de asignación y $ 1.000 para gastos. Pues bien: yo no deseo contar con la última partida, que me impondría distingos enojosos, una minuciosa contabilidad y muchas veces no emplearla. De manera que pido que me asignen lo que quieran como sueldo liso y llano para que pueda disponer de él con libertad”.
Años después, un periodista le preguntó a una persona qué sentía al saber que vivía en la misma calle que Batlle y Ordóñez, recibiendo como respuesta: “Es cierto que he tenido el honor de vivir en la misma calle que el señor presidente de la República; pero no podría arrendar a nadie los beneficios, porque desde que Don Batlle y Ordóñez asumió el cargo hasta que lo entregó, no ha venido ninguna máquina del gobierno a arreglarla, ni ha mejorado ninguno de los servicios, ni hemos obtenido privilegio alguno”.
Muy diferente fue la actitud del padre de Luis Lacalle Pou, el cual siendo presidente aprobó una ley forestal para beneficiar a sus propios allegados.
En 1815, el Jefe de los Orientales, José Gervasio Artigas, se hallaba en Purificación… “lleno de virtudes, lleno de pobreza”, como diría un visitante.
Era tal la miseria en que vivía la familia de Artigas que el Cabildo resolvió traerla de Canelones a Montevideo, amoblarle una casa, solventar la educación de su hijo y pasarle una pensión de 100 pesos mensuales.
Cuando Artigas se enteró de la medida envió una nota con la siguiente respuesta: “Doy a V.S. las gracias por tan grato recuerdo. Sin embargo, yo conozco mejor que nadie las urgencias de la Provincia, y sin hacer traición a la nobleza de mis sentimientos, jamás podría consentir esa exorbitancia. Por lo mismo ordeno en esta fecha a mi esposa y mi suegra admitan solamente la educación que V.S. proporcionará a mi hijo, y que ellas pasen a vivir a su casa y solamente reciban 50 pesos para su subsistencia. Aun esta erogación (créame V.S.) hubiera ahorrado a nuestro Estado si mis facultades bastasen para sostener esa obligación. Pero no ignora V.S. mi indigencia y, en obsequio de mi Patria, ella me empeña en no ser gravoso y sí agradecido”.
Ojalá estos ejemplos de austeridad y entrega sirvan para que Luis comprenda porqué el hashtag #RenunciaLuis se ha viralizado en las redes. Puede ser de ilusos esperar que comprenda el clamor popular. A fin de cuentas, recordemos que el primer trabajo que le conocimos fue de diputado, changa que le consiguió su madre, no teniendo nunca que esforzarse demasiado en la vida para vivir cómodo. Nació, vive y, seguramente, morirá entre algodones; por eso no comprende a la gente que vive en zonas inundables ni comprende la diferencia entre lo legal y lo ético.
No es su culpa. Pasa que los olmos no dan manzanas.
