La situación de personas migrantes durante la pandemia

Stephen llegó de República Dominicana en el año 2014 y desde entonces vive de «pensión en pensión» porque es a lo que ha podido acceder dadas las viejas y conocidas dificultades que hay en el país para acceder a una vivienda. Actualmente, vive con su esposa, que está embarazada, su otra hija pequeña y 35 familias migrantes. Cuenta que el hecho de ser «el que tiene más años en el país» lo colocó en el rol de moverse y realizar las averiguaciones y contactos para evitar que todo el grupo sea expulsado a la calle. «Ellos depositaron su fe en mí», expresó.

Como si fuera poco, él y su esposa fueron enviados al seguro de paro, al igual que otros migrantes que se alojan en esa pensión; algunos de ellos, que vivían de «changas» ni siquiera cuentan con respaldo económico. Por otro lado, la distancia social y las recomendaciones de higiene son una utopía cuando se vive en una pensión donde se comparte el baño con 40 personas y en cada cuarto duermen entre cuatro y ocho personas.

«Una persona que vivía ahí nos estafó. Nos vendió habitaciones a diferentes precios y nos pedía dinero extra para la limpieza, el mantenimiento, la seguridad y le dábamos todo. Un día esta persona se mudó de golpe y cuando reaccionamos, ya el proceso de desalojo estaba avanzado. Desde entonces estamos actuando para encontrar una solución y nadie nos da respuestas».

Con los únicos ahorros que tenían «compraron» las habitaciones de las cuales serán desalojados en algunos días. Con niñas y niños menores de edad, personas enfermas e indocumentadas y un calendario que no entiende de emergencias sanitarias, están buscando un techo. «Estamos viviendo una situación muy fea. No tenemos a dónde ir. Con la pandemia nadie nos quiere alquilar habitaciones sin conocer nuestra situación de salud y con hijos no nos podemos meter en cualquier lado. Necesitamos que alguien nos ayude y que nos den un tiempo para buscar a dónde irnos».

«Si sabes de algo, avisa»

Las dificultades de los migrantes siguen siendo las mismas de siempre, pero actualmente acentuadas por el contexto de pandemia, lo que de alguna manera duplica las vulnerabilidades ya existentes. Así lo explicó Leonardo Fossatti, integrante del Consejo Consultivo Asesor de Migraciones, del Nemmpo y miembro de la organización para el apoyo de migrantes Idas y Vueltas.

Fossatti recordó que la población migrante ya presentaba dificultadas para acceder a una vivienda digna, a un trabajo formal y que en los últimos años se venía experimentando un incremento en los desalojos que complejizó más la situación. Durante el año pasado se llevaron a cabo seis procedimientos de este tipo.

Desde hace algún tiempo se hizo fuerte la tendencia de aplicar la figura de usurpación para agilizar desalojos que, en muchos casos, tienen que ver con situaciones en las cuales los migrantes son estafados por los arrendadores. «El tema es que los propietarios se dieron cuenta de que el delito de usurpación agiliza el proceso porque inmediatamente interviene la Policía y no se requiere del fallo del juez para concretar el desalojo. Va el fiscal, manda a la gente a seccional, le toman el parte y listo».

Otro problema que se desprende del anterior es que al llevar adelante este tipo de procesos vinculados a lo punitivo, impliquen prisión o no, se genera un antecedente judicial que afecta a los inmigrantes para hacer sus trámites de residencia. A nadie le importa si los estafan o no». En tal sentido, Fossatti cuestionó que se debería trabajar en investigar cómo es el funcionamiento de este tipo de pensiones, quiénes son las personas que siempre están estafando a otras en contextos de vulnerabilidad y por qué existen tantas pensiones de carácter irregular. «Siempre estamos problematizando sobre la persona que va a ser desalojada, que de esta forma es doblemente vulnerada. Primero en el acceso a la vivienda y luego al ser sometida a un proceso penal o civil que termina criminalizándola».

«Por suerte, la pandemia puso un freno a esta cuestión de los desalojos que venía siendo muy recurrente, pero si bien hay feria judicial en el país, la Justicia penal sigue funcionando, por lo cual los desalojos por esa vía se pueden llevar a cabo», agregó.

Con respecto a la problemática laboral, Fossatti recordó que la desaceleración del mercado laboral siempre repercute en las partes más bajas de la pirámide y sobre quienes se insertan en los trabajos menos remunerados y en aquellos que la gente no quiere hacer, como es el caso de la población migrante. «Actualmente la frase ‘si sabes de algo, avisa’ se tornó muy recurrente en esta población. La mayoría de los migrantes fueron enviados al seguro o se quedaron sin la posibilidad de realizar sus changas».

Rehenes de la burocracia

Otra dificultad que está atravesando esta población es que muchos de ellos no tienen documento de identidad lo cual los coloca en un lugar de «no pertenencia» que les impide acceder a las prestaciones del Estado. Sobre este tema, dialogamos con Pilar Uriarte, coordinadora de Nemmpo y docente del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), quien explicó que en Uruguay todos los derechos prestacionales están vinculados al número de cédula. «Ya sea para acceder a una canasta, a la tarjeta para comprar alimentos o para el registro en la educación pública o en el sistema de salud pública, necesitás presentar la cédula de identidad». La docente señaló que si bien en muchos casos se resuelve con inscripciones provisorias, esta situación genera otras dificultades en el sentido de que no se generan registros firmes. «En salud púbica, por ejemplo, uno se puede afiliar de forma provisoria, pero esa precariedad impide que se pueda contar con una historia médica. Además, se trata de una afiliación por plazos cortos que quedan sin efecto y se pueden renovar cierta cantidad de veces. Con este tipo de afiliaciones, los pacientes son atendidos en casos de emergencia y se les proporcionan todos los servicios y la medicación requerida, pero al irse de alta, en caso de que necesitaran continuar con algún tratamiento, no podrán acceder a medicación de forma ambulatoria».

Uriarte expresó que esta situación podría evitarse si las personas que ingresan al país accedieran a la cédula rápidamente. «Antes de la llegada del Covid-19 ya había atrasos de seis meses a un año y medio para acceder a un documento que está regulado para ser obtenido en un plazo de una o dos semanas».

A eso se suma que a muchos migrantes también se les exige visa, como es el caso de Cuba y República Dominicana, dos de los principales orígenes de migrantes que tenemos. «Estos son trámites caros, complicados y con un fuerte componente arbitrario. Muchas veces se inicia el trámite con toda la documentación requerida, pero se les niegan las visas y no reciben mayores explicaciones que motivos de seguridad». Por tal motivo, la mayoría de las personas ingresan al país sin esa visa, situación que se puede resolver administrativamente, pero implica más dinero, viajar dos veces al exterior del país, lo que se torna muy costoso para las personas y también para el país. «Dado el contexto de la pandemia, la complicación para viajar y realizar trámites, las perspectivas que tienen estas personas de obtener la documentación en el correr de este año son muy bajas. De esta forma se quedan sin acceder a una canasta de alimentos o a una tarjeta para comprarlos por un documento que el Estado debería facilitarles».

La docente enfatizó en que es necesario comprender que el hecho de migrar siempre afecta la posibilidad del ejercicio pleno de derechos. «Se trata de personas que se distancian de sus redes sociales y se insertan en un contexto cultural, económico y social del cual desconocen códigos. Eso le pasa a cualquier persona que se desplaza del contexto en el que fue socializado, pero una cosa es ser vulnerable porque no conocés los códigos y otra diferente es ser visto como una persona de inferior categoría, como potencial criminal o como alguien que puede ser precarizado por su empleador porque no tiene capacidad de accionar mecanismos que respalden sus derechos laborales, o como usurpadores cuando no tienen cómo acceder a una vivienda. Uruguay tiene que trabajar profundamente en esos aspectos».

Medidas y expectativas

Para mitigar algunas de las dificultades que atraviesa esta población en el contexto actual, desde algunas organizaciones vinculadas al apoyo a migrantes se está trabajando en identificar cuáles son las principales vulneraciones que afectan a esta población.

En tal sentido, Fossatti explicó que tanto Nemmpo como la asociación Idas y Vueltas están realizando algunas acciones a fin de garantizar el acceso a la alimentación, a los productos de higiene, así como atender otras problemáticas de esta población. Una de las iniciativas que se está llevando a cabo es la realización de una olla popular junto con la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) que funciona martes y jueves en Ciudad Vieja. También se están recolectando y distribuyendo alimentos y productos de limpieza.

«Para concretar este tipo de acciones generamos vínculos con organismos internacionales, estatales, sindicales, particulares o colectivos de migrantes. Estamos utilizando todos los recursos disponibles para apoyar el proceso de esta población y garantizar que todos los aportes lleguen a destino», agregó Fossatti.

La asociación Idas y Vueltas también brinda acompañamiento psicológico y asesoría en temas laborales, legales, de salud, vivienda y género. Si bien el trabajo «cuerpo a cuerpo» en algunas de estas áreas se ha visto restringido debido al distanciamiento social, el apoyo continúa presente por otros medios como los telefónicos o virtuales.

Otra iniciativa que se generó para exigir que se atienda la situación de esta población fue protagonizada por la Red de Apoyo al Migrante y el Consejo Consultivo Asesor de Migraciones, que emitieron una carta en la cual le plantean al Estado las problemáticas que están atravesando las personas migrantes en el contexto actual y exigen la inclusión de las necesidades específicas de esta población dentro de las medidas de contención social implementadas por el gobierno. «Instamos al Estado uruguayo a respetar los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y a garantizar el ejercicio de los derechos consagrados en la normativa uruguaya, la cual indica el reconocimiento de la migración como derecho. Convocamos a garantizar dichos derechos a los migrantes, sin discriminación, en las medidas para abordar la pandemia de Covid-19».

Asimismo, más de diez organizaciones sensibilizadas por esta problemática elevaron otra carta a las autoridades de vivienda con una serie de recomendaciones para facilitar soluciones habitacionales para los sectores vulnerables.

Para concluir, Fossatti valoró la medida que tomó la Intendencia de Montevideo, que comunicó el 23 de abril que se habilitará un subsidio para aquellas personas que no puedan pagar sus alojamientos durante la crisis sanitaria, pero manifestó su preocupación por el futuro. «El problema no va a terminar cuando se vaya el coronavirus. Hay personas que hace meses que no tienen ingresos y necesitan apoyo por más tiempo. Es necesario que se les garanticen recursos de supervivencia y, sobre todo, la vivienda».

Mientras tanto, Stephen, como tantos otros migrantes, espera alguna señal que mejore sus expectativas para salir de esta crisis. «Vinimos a este país a cumplir una meta y echar para adelante. No estamos haciendo nada malo. En la pensión donde vivo somos 35 familias de gente sana, que vino a trabajar y no encuentra la salida».