Dialogantes dan votos
Bloques opositores dialogantes con el oficialismo, como el PRO o la Unión Cívica Radical (UCR), lograron introducir modificaciones al proyecto original del oficialismo, cuyo borrador original establecía en 13 años la edad de imputabilidad y ampliaba a 20 años la pena máxima de prisión.
El Gobierno logró así su segunda victoria en el Congreso, a un día de que el Senado también diera media sanción a una reforma laboral que habilita jornadas laborales de hasta 12 horas y que reduce las indemnizaciones, además de limitar la actividad sindical.
El proyecto de ley sobre el nuevo régimen penal juvenil obtuvo el miércoles un dictamen de mayoría en un plenario de comisiones que se reunió a tal efecto.
La iniciativa, que no sugiere medidas de prevención, incluye el costo fiscal que conllevará su implementación.
Para delitos menores, la medida propone sanciones alternativas, como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibición de conducción o reparaciones a las víctimas.
Advertencias
Organizaciones civiles advierten que el proyecto de ley no sirve para combatir la inseguridad, utiliza a los adolescentes como chivos expiatorios, desvía el foco del problema, y se constituye como una herramienta incompatible con derechos reconocidos en la Constitución y en pactos internacionales.
El oficialismo logró en mayo de 2025 el dictamen de mayoría de un proyecto similar que proponía una pena máxima de 15 años de prisión y habilitaba su debate en el plenario, pero no lo llevó al recinto por falta de los votos necesarios para aprobarlo.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el número de adolescentes que cometen delitos no supera en promedio el 2,5% de las causas penales que tienen autor conocido, según observó en diálogo con la Agencia Sputnik el investigador Martiniano Terragni, profesor de derecho penal juvenil en las Universidades de Buenos Aires (UBA) y de Palermo.
Entidades como Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, junto con asociaciones de psicólogos, psiquiatras, magistrados y defensores de derechos de la niñez, además de la Iglesia católica, han rechazado esta reforma penal juvenil, que deberá pasar después por el Senado para su sanción definitiva.
(Sputnik)
