Se esperan resultados esta semana de dos peritajes clave: uno sobre historias clínicas para vincular el uso del fármaco con las muertes, y otro sobre documentación de producción para detectar fallas en protocolos sanitarios. Previo al desastre, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) inspeccionó los laboratorios entre noviembre y diciembre de 2024 y detectó irregularidades graves; sin embargo, la clausura se demoró hasta principios de febrero de 2025, cuando el fentanilo ya estaba en circulación. La falta de controles más ágiles y eficaces ha desatado críticas hacia el organismo regulador, especialmente en el contexto de una política sanitaria considerada laxa en fiscalización.
Conflictos políticos y afectación a familias
El caso escaló rápidamente al terreno político. El presidente Javier Milei acusó al kirchnerismo de encubrir al empresario Ariel García Furfaro, y amenazó con recusación si no se dispone su detención inmediata. El juez Kreplak respondió recordando la obligación de no interferir en una causa penal y demandó "respeto por las víctimas y las instituciones".
Mientras tanto, familiares de las víctimas demandan justicia, se manifiestan, denuncian politización. “Este es el peor desastre medicamentoso desde la creación de la ANMAT”, afirmaron representantes de diputados al exigir informes al Gobierno.
Desconfianza en el sistema de salud
El impacto no se limita a las cifras oficiales. El caso ha erosionado la confianza en el sistema de salud: pacientes retardan consultas, exigen verificación de medicamentos y se genera una creciente “medicofobia” frente a tratamientos que antes se consideraban rutinarios y seguros.
