A pesar de las acusaciones en su contra, Reverberi Boschi se sustrajo de la justicia argentina alegando problemas de salud y huyó a Italia, específicamente cerca de Parma. En 2012, fue declarado en rebeldía por la justicia argentina al negarse a comparecer y dar testimonio.
El proceso de extradición se inició en 2013, con la emisión de una orden de arresto por Interpol. Sin embargo, se encontró con obstáculos legales, ya que en Italia, el crimen de tortura no es considerado imprescriptible. A pesar de la negativa inicial, en 2023, el Tribunal de Apelaciones de Bolonia finalmente accedió a la solicitud de extradición presentada por Argentina. Esto se produjo después de que nuevas pruebas fueran presentadas y consideradas por la corte.
Jorge Ithurburu, miembro de la ONG 24 de marzo, destacó la importancia de la extradición, señalando que esto demuestra que no hay impunidad y que incluso una figura religiosa debe ser juzgada como cualquier otro acusado. Ithurburu elogió el esfuerzo conjunto entre las autoridades argentinas, la Secretaría de Derechos Humanos, las familias de las víctimas y organizaciones no gubernamentales que trabajaron para lograr este resultado.
El caso de Franco Reverberi Boschi marca un hito en la jurisprudencia italiana al influir en una modificación que considera las torturas como crímenes de lesa humanidad, además de los homicidios, impulsada por el Estado argentino.
Esta decisión podría sentar un precedente para futuras extradiciones y juicios relacionados con crímenes de lesa humanidad. La lucha por la justicia en Argentina continúa, con la esperanza de que más individuos acusados de crímenes atroces durante la dictadura también enfrenten sus responsabilidades ante la justicia.
