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La defensa del expresidente Jair Bolsonaro apuesta por descartar acusaciones de malversación de fondos en el caso de la venta de joyas recibidas de autoridades extranjeras durante su mandato.
Alegando que la conducta del ex presidente encajaría, como mucho, como una infracción administrativa, los abogados de Bolsonaro insisten en que tenía todo el derecho a disponer de las joyas como mejor le pareciera, según Folha de Sao Paulo.
El delito de malversación de fondos, una de las hipótesis barajadas por los investigadores, se da cuando un funcionario público se apropia de dinero, valores o bienes públicos o privados que están bajo su responsabilidad por el cargo que ocupa. También se configura cuando estos bienes se desvían en beneficio propio o de terceros, con penas que van de 2 a 12 años de prisión, además de multa.
La defensa de Bolsonaro justifica la falta de comunicación previa sobre la venta de las joyas como un "error" o "desinformación" del aviso de la Presidencia. El núcleo de su argumento reside en una legislación de 1991 que trata de la preservación, organización y protección de los fondos documentales privados de los presidentes de la República. Según esta ley, los documentos que integran la colección presidencial privada son, en su origen, propiedad del presidente, "incluso para fines de herencia, donación o venta".
Sin embargo, la defensa de Bolsonaro ignora una decisión del Tribunal de Cuentas Federal (TCU) de 2016, que estableció reglas más claras y estrictas en materia de obsequios recibidos por los presidentes. Según el TCU, la mayoría de los obsequios recibidos por los presidentes deben considerarse bienes públicos, excepto los artículos de uso personal o de carácter muy personal.