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Informe del Tribunal de Cuentas señala que armas cayeron en manos de delincuentes condenados por delitos graves
El Ejército brasileño emitió permisos de Cazadores, Tiradores y Coleccionistas (CAC) a personas condenadas por delitos graves, incluidos tráfico de drogas y homicidio, durante la administración de Bolsonaro.
Según un informe confidencial del Tribunal de Cuentas de la Federación (TCU), entre 2019 y 2022, más de 5.000 personas en situación delictiva lograron obtener, renovar o mantener certificados de registro (CR) para poseer armas de fuego. De ellos, más de 1.500 se encontraban en proceso de ejecución penal cuando solicitaron autorizaciones, según un informe del Estado de S. Paulo de este lunes.
Además, el Ejército otorgó licencias para posesión de armas a más de 2.600 personas prófugas de la justicia, con órdenes de aprehensión pendientes. El informe del TCU señaló que esta concesión a personas no aptas representa un grave riesgo para la seguridad pública, violando los criterios establecidos por la Ley 10.826/2003, también conocida como Estatuto de Desarme.
El documento destaca la contradicción entre las políticas para flexibilizar el acceso a armas impulsadas por el gobierno de Bolsonaro y la necesidad de garantizar la seguridad de la población. La falta de un sistema unificado y eficiente de verificación de antecedentes penales contribuyó a esta preocupante situación, como lo indica el informe del TCU.
Esta revelación plantea dudas sobre la efectividad de las políticas de control de armas y la capacidad del Ejército brasileño para cumplir con sus responsabilidades en este sentido. Si bien el gobierno de Bolsonaro buscó facilitar el acceso a armas de fuego, los procedimientos de supervisión y verificación de antecedentes resultaron insuficientes, lo que permitió a personas con antecedentes penales obtener autorización para poseer armas.