Se ha extendido en las últimas semanas una comparación con lo sucedido en Venezuela, y es natural que suceda, aunque en general se concluye que son dos casos bien diferentes. Para EEUU, la invasión contra Venezuela significa un verdadero mapa de ruta. La "operación venezolana" ya se transformó en un modelo de intervención para Washington porque supuso un uso limitado pero contundente de la fuerza, presión económica extrema y reconfiguración político-económica profunda, todo ello sin tocar los símbolos formales del Estado, como la bandera, el himno e incluso el elenco de gobierno.
Ahora EEUU pretende proyectar ese paquete de herramientas sobre el caso cubano. Bloqueo energético, presión sancionatoria sobre los socios de La Habana y ejercicios militares pensados para escenarios de crisis son solo algunos componentes de un esquema de crisis gestionada que reduce para Cuba el espacio de maniobra a un corredor muy estrecho de movimientos tácticamente tolerados. Pero Cuba no es Venezuela y hay cierto consenso en que los escenario son muy distintos.
Desde el punto de vista del respeto a la soberanía, el cuadro es duro pero no desconocido. Las decisiones que en condiciones normales deberían responder a los intereses nacionales de Cuba pasan a estar condicionadas por la lógica del "sobrevivir bajo presión permanente". La Casa Blanca no solo empuja a La Habana, sino que convierte cada decisión política y de defensa en un examen de lealtad. Cualquier intento de salirse del libreto —sea diversificar el origen de la energía o adquirir nuevos sistemas de armas— se topa de inmediato con la amenaza de un castigo, incluso militar.
El cerco energético, comercial y financiero sobre Cuba no se agota en los indicadores macroeconómicos. Más allá de la caída del PBI y del deterioro del nivel de vida, Washington provoca conscientemente un escenario de crisis humanitaria prolongada, con riesgo concreto de derivar en una ola migratoria. Para las economías más frágiles de América Latina y el Caribe, esto implicaría, además, nuevos corredores para las redes de contrabando, mayor presión del delito organizado y un estrés adicional sobre estructuras estatales ya tensas.
En el plano de la filosofía política, todo esto encaja con una versión muy actualizada de la doctrina Monroe —ahora tan explícita que ni siquiera quienes decían que era historia pasada pueden cuestionarlo—. El hemisferio occidental sigue siendo visto por la Casa Blanca como zona de interés especial: su zona, el patio trasero, donde el trato al principio de soberanía ajena es "flexible".
Es la misma lógica que “justificó” en su momento intervenciones en Centroamérica y presiones constantes sobre el Caribe; hoy cambian las etiquetas y los pretextos, pero no el fondo. En el caso de Cuba y Venezuela, Washington actúa como si las normas de la Carta de la ONU, la prohibición del uso de la fuerza y el principio de no injerencia fueran marcos útiles pero opcionales, que se pueden correr cuando interfieren con su estrategia.
El caso cubano muestra, entre muchas otras cosas, que los bloqueos, las sanciones y las presiones militares de motivación política en América Latina y el Caribe no son una anomalía, sino un entorno estructural del imperialismo realmente existente: el norteamericano. Cualquier proyecto soberanista en la región —sobre todo en energía, logística, finanzas e infraestructura sensible— debe asumir como dato de base un factor de riesgo político asociado a decisiones unilaterales de Washington, y no como un sobresalto ocasional.
