Ese no es un hecho aislado, pues en lo que va de año a nivel nacional se reportaron más de 20 secuestros, el 60 por ciento de lo registrado en 2022.
Dueños de negocios y pequeños comerciantes han sido víctimas de esos delitos, principalmente en la conocida como Zona 8, integrada por los municipios Guayaquil, Durán y Samborondón, de la provincia costera de Guayas.
Los rescates solicitados a las familias de los raptados oscilan desde los 20.000 hasta los 200.000 dólares, aunque hasta ahora la intervención policial ha impedido concretar los pagos.
A los secuestros se suman los asesinatos. Entre el 1 de enero y el 10 de marzo, un total de 1.151 personas perdieron sus vidas en un contexto violento, señaló el comandante Salinas.
Solo este fin de semana al menos 30 personas resultaron víctimas de homicidios, una muestra de la inseguridad creciente a niveles nunca antes vistos por estos lares.
Salinas apuntó en una entrevista a una emisora local que principalmente las muertes están en Guayas, donde desplegarán unidades de inteligencia para buscar a las cabezas de estas estructuras criminales.
El pasado año, Ecuador tuvo el peor registro de violencia criminal con más de 4.500 muertes violentas, y la ciudad de Guayaquil fue el epicentro de los homicidios.
Justamente esa urbe ocupa el puesto 24 en el listado de ciudades más violentas de 2022, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.
Ese panorama enciende los temores de la ciudadanía, que exige al Gobierno del presidente Guillermo Lasso políticas públicas integrales para enfrentar la situación.
Encuestas recientes indican que la inseguridad es actualmente la principal preocupación de los ecuatorianos, por encima del desempleo y la salud.
Líderes sindicales reiteraron este lunes el llamado a una movilización este 14 de marzo que, entre otras cuestiones, exigirá al Ejecutivo acciones efectivas para frenar la violencia.
Desde el año pasado, cuando Lasso decretó estado de excepción en tres provincias, los expertos advirtieron de la necesidad de una estrategia integral para disminuir las cifras de asesinatos, sobre todo, las ligadas al narcotráfico.
No basta con la militarización, es necesario acudir a las causas del fenómeno, como el aumento de la pobreza o la falta de oportunidades educativas y laborales, señalan los especialistas.