“Hay que proteger los derechos humanos como fue el caso de la tabacalera Philip Morris contra Uruguay. Urgimos por un mecanismo de quejas ante una corte una vez que el comité previsto presenta estándares rebajadas en comparación con otros mecanismos de sistemas de protección internacional de derechos humanos. Asimismo, reafirmamos el tratado vinculante debe ser claro a la hora de establecer obligaciones de cumplimiento de derechos humanos a las empresas trasnacionales diferentes e independientes de las obligaciones de los estados. Como defensores de la soberanía de los pueblos firmamos nuestro compromiso de defender los derechos humanos y por lo tanto seguir luchando para derrotar la impunidad corporativa”, afirmó Galán.
En 2014 se aprobó, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Resolución 26/9 que estableció un nuevo Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG por su sigla en inglés) para desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que regule a las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
Según la organización Amigos de la Tierra Internacional, “las empresas sistemáticamente priorizan el lucro por sobre el medio ambiente y los derechos humanos. Muchas empresas transnacionales son más ricas y poderosas que los Estados que deberían regularlas en función del interés público. Muy a menudo, las grandes empresas se apropian de los espacios de decisión política, como las negociaciones en la ONU. De esta forma, delinean las políticas ambientales para que estén al servicio de sus intereses. Las empresas están muy bien protegidas y muy rara vez pueden ser responsabilizadas por las violaciones que cometen”.
Es por eso que varios parlamentarios consideran que es necesario un tratado jurídicamente vinculante que permita a las víctimas el acceso a la justicia.
Según el Instituto Transnacional, que sigue en los últimos años las negociaciones, EEUU, Canadá, Japón o Australia se muestran reticentes a la creación de un tratado vinculante, mientras que buena parte de África, el sureste de Asia y Latinoamérica presionan para que se apruebe.
En la Unión Europea, hay países que tienen posiciones más abiertas y hay otros que son contrarios al acuerdo.
