El gobierno nacional calificó la masacre como “un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz” y aseguró que no existe justificación para ese tipo de crímenes. “Después de escuchar a delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad y debido a la grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población, el Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 del 2022″, informó Petro.
“Si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello”, informó el gobierno colombiano.
Colombia lleva más de 50 años en un conflicto armado donde han intervenido distintos actores y se han firmado varios acuerdos de paz.
El más reciente se consolidó en 2016, cuando las FARC y el Estado, gobernado entonces por Santos (2010-2018), llegaron a un acuerdo para que la guerrilla dejara las armas y sus combatientes se incorporaran a la vida civil.
