Entre los militares imputados hoy, hay tres coroneles, tres mayores, tres suboficiales y un soldado profesional, todos ya retirados.
Son acusados de asesinar a 46 civiles indefensos en los cementerios de Dabeiba e Ituano, entre los años 2002 y 2006.
A diferencia de otras imputaciones por “falsos positivos” en otras regiones de Colombia, la de esta jornada se destaca por contar apenas con investigaciones realizadas por la justicia ordinaria y por haberse constatado la ausencia de informes oficiales y por documentos operacionales que fueron destruidos a propósito.
El magistrado Eduardo Cifuentes señaló que “había una carencia absoluta de investigaciones” e “impunidad desde el principio”.
“Le correspondió a la JEP adelantar la investigación desde cero. Este es un esfuerzo enorme en el que la contrastación implicó excavar”, añadió.
Por su parte, la magistrada Nadiezhda Henríquez sostuvo que “la investigación se soportó por completo sobre los aportes a verdad plena realizados por diversos comparecientes de la fuerza pública, contrastados con las evidencias forenses, así como con las pruebas decretadas y practicadas por la JEP”.
La Jurisdicción Especial para la Paz maneja que 6.402 personas fueron ejecutadas en Colombia bajo la siniestra modalidad de “falsos positivos”. En estos crímenes, el Ejército engañaba a civiles con falsos pretextos para trasladarlos a zonas de conflicto y asesinarlas. Luego, las víctimas eran vestidos con uniformes de la guerrilla y se les plantaban armas. De esta manera engrosaban las cifras de bajas guerrilleras y recibían como recompensas dinero, ascensos, viajes, entre otros premios.
