Los jueces también establecieron la pérdida de cargos públicos y fijaron una indemnización de siete millones de reales (1,3 millones de dólares) en reparación de daños para los familiares, tanto de Franco como de Gomes.
Los magistrados de la máxima corte judicial del país aceptaron parcialmente la denuncia que presentó en su día la Fiscalía; la única divergencia se dio sobre el papel del comisario de la Policía Civil, Rivaldo Barbosa.
Barbosa fue el responsable del caso en los primeros años, pero luego se supo que actuó para obstruir la investigación y proteger a los hermanos Brazão; los jueces consideraron probada esta parte (obstrucción a la Justicia y corrupción pasiva), pero lo exculparon de la acusación de homicidio y finalmente pasará 18 años en la cárcel.
Los otros dos condenados son dos expolicías que trabajaban con los hermanos Brazão: Ronald Paulo Alves, condenado a 56 años, y Robson Calixto Fonseca, con un papel más secundario en la trama, condenado a nueve años.
Los jueces consideraron probado que los hermanos Brazão, pertenecientes a las milicias ( mafias paramilitares que dominan buena parte de Río), ordenaron la ejecución de Franco porque contrariaba sus intereses territoriales.
Los autores materiales del crimen (Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz) ya habían sido juzgados y condenados en octubre de 2024 y cumplen penas de 78 y 59 años de cárcel, respectivamente, en prisiones de máxima seguridad.
