Gobierno de excepción
En aquel día, el entonces presidente anunció en cadena nacional la instauración de un "gobierno de excepción", además de la toma del Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.
Esta acción no llegó a concretarse, siendo destituido el expresidente por el Congreso e inmediatamente apresado y recluido preventivamente por órdenes de la justicia.
La fiscalía estaba solicitando inicialmente una pena de 34 años de cárcel por el delito de rebelión y alteración del orden público, indicando que Castillo llegó a perpetrar un golpe de Estado.
Sin embargo, la corte determinó este viernes que el golpe de Estado no se llegó a realizar, por lo que decidió reemplazar el ilícito penal de rebelión por el de conspiración.
Más condenas para Castillo
Por otro lado, Castillo recibió una condena de dos años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, a razón de "la vulneración del bien jurídico tutelado, que es el orden constitucional, y tratándose del funcionario de más alta jerarquía de la nación", según dijo la magistrada Norma Carbajal.
La audiencia se realizó en el penal de Barbadillo, ubicado en Lima, donde Castillo se encuentra cumpliendo prisión preventiva.
El exmandatario no hizo declaraciones luego de la lectura del fallo.
La sentencia impuesta a Castillo es de primera instancia, por lo que su defensa legal tiene derecho a apelar.
Tras la decisión de la Sala Suprema de Justicia, Castillo se convirtió en el quinto expresidente peruano encarcelado junto al fallecido Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Martín Vizcarra (2018-2020).
Único condenado
No obstante, Castillo es el único de los cinco que no ha sido condenado por delitos de corrupción.
Por otro lado, el expresidente Alan García (1985-1990, 2006-2011) iba a ser encarcelado preventivamente por orden de la justicia en abril de 2019 cuando, antes de ser apresado, se quitó la vida de un disparo en la cabeza en su domicilio en Lima.
García era investigado por la fiscalía por presuntamente recibir sobornos a cambio de otorgar concesiones de obras públicas a la constructora brasileña Odebrecht durante su segundo mandato.
(Sputnik)