El 20 de diciembre, el Gobierno peruano expulsó a Monroy por "injerencias en asuntos internos", una decisión repudiada por el Ejecutivo mexicano.
"Me informa Pablo Monroy, Embajador en Lima, que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 horas para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición", expresó Ebrard en Twitter a última hora del 20 de diciembre.
La canciller de Perú, Ana María Gervasi, afirmó que la decisión de su Gobierno de declarar a Monroy "persona non grata", fue adoptada en base a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. También México informó que había dado asilo en su Embajada a la familia del destituido presidente.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó a Castillo como "prisionero político", le ofreció asilo, le mantuvo su reconocimiento como presidente, desconoció a Dina Boluarte como jefa de Estado y exigió que las autoridades peruanas convoquen a elecciones presidenciales y legislativas adelantadas.
La legación mexicana quedará a cargo de la primera secretaria, Karla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de Cancillería de la misión, y la representación continuará operando con normalidad tras este movimiento, informó el ministerio de Exteriores mexicano.