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La reforma judicial impulsada por Benjamín Netanyahu, primer ministro de de Israel, ha generado múltiples (y duras) críticas a nivel internacional y multitudinarias movilizaciones de protesta a nivel local.
Sobre este tema, el Movimiento Judío Progresista del Uruguay dio a conocer un comunicado en el que manifiesta su preocupación ya que esta reforma implica la "pérdida de independencia de la Justicia frente al poder político" y ataca "las bases de la democracia republicana".
Esta ley, dice este comunicado, es "fruto de un proceso de derechización creciente de la sociedad israelí" y fue impulsada por la coalición gobernante, que está "integrada por una alianza ultraconservadora". Tal alianza incluye "radicales religiosos ortodoxos que ponen en riesgo el respeto a las miniorías". Además, "promueven el extremismo en el conflicto Israel-Palestina", implementando políticas de colonización, y "buscan desestimar las acusaciones de corrupción contra el Primer Ministro".
Ante esta compleja y crítica situación política, "cientos de miles de ciudadanos israelíes de distintos ámbitos del espectro político y social" salieron a las calles para "defender su democracia y en rechazo de la ley". Pero la respuesta oficial "ha sido el autoritarismo y la represión".
En consecuencia, este Movimiento Judío Progresista manfestó su solidaridad con estas protestas: "Para estos ciudadanos que siguen en pie de lucha, nuestro apoyo y solidaridad, con la esperanza de que la movilización y acción popular puedan frenar este triste presente".
La reforma judicial, ya aprobada parcialmente por la Knéset, limitaría el poder de la Corte Suprema para derogar leyes o fallar contra el ejecutivo, lo que se ha considerado como un golpe directo contra la división de poderes del Estado.
A finales de marzo, el primer ministro israelí, quien regresó al poder siete meses atrás encabezando una coalición, había anunciado una pausa al proyecto de reforma, luego de las masivas manifestaciones en su contra que se habían registrado desde comienzo del 2023.
Pero tras el receso por el verano, la coalición gobernante impulsó atender la controversial iniciativa, que obtuvo finalmente su aprobación el lunes 24 de julio con los votos de los legisladores oficialistas y la abstención opositora, que se retiró del recinto en señal de protesta.
De acuerdo a las críticos de esta medida, se trata de una legislación que busca, además de dar blindaje judicial al primer ministro, facilitar más atribuciones al ejecutivo y el legislativo, controlado a su vez por Netanyahu y sus aliados, por lo que han tildado la iniciativa de antidemocrática.
Por su parte, Netanyahu y sus defensores rechazan estos cuestionamientos y argumentan que la reforma ayudará a equilibrar los poderes del país y reforzará la democracia al quitar una competencia vital a autoridades que no han sido elegidas por el voto directo.