La mayor parte de los detenidos en San Marcos eran manifestantes que han llegado a Lima desde el interior del país para protestar en la capital exigiendo la renuncia de Boluarte y que se alojaban en ese centro de estudios. Estudiantes que en el momento del operativo policial estaban con los manifestantes del interior del país también fueron detenidos. Esta acción policial ha tenido el claro objetivo de amedrentar a los manifestantes antigubernamentales del interior del país concentrados en Lima, buscar desmovilizarlos, presionarlos para que regresen a sus regiones. Pero las protestas antigubernamentales no cesan.
Protestas y cortes de rutas
Hay movilizaciones diarias y bloqueos de vías en distintas regiones del país. Este domingo hubo choques de policías con manifestantes en la región Arequipa, cuando en la zona de La Joya fue atacada una comisaría. Se repitieron movilizaciones en Lima, que son diarias desde el jueves cuando comenzó la llamada “toma de Lima” con una masiva movilización antigubernamental por las calles del centro de la capital -que terminó en represión- con la participación activa de las delegaciones llegadas desde las provincias, a las que se ha atacado con el operativo policial en San Marcos. Este domingo se repitieron las movilizaciones antigubernamentales por distintas calles de Lima. Hasta el cierre de esta nota transcurrían sin incidentes significativos.
Desde temprano, un nutrido grupo se concentró frente a las dependencias policiales donde estaban recluidos los detenidos de San Marcos exigiendo su liberación. Estuvieron ahí varias horas. Hubo manifestaciones celebratorias cuando se enteraron de la decisión de la Fiscalía de liberarlos, que esperaban sea ejecutada.
“Este operativo policial en San Marcos ha sido ilegal y arbitrario. Comenzó sin presencia de los fiscales, lo que abrió un escenario de violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos. Fueron tirados al piso boca abajo, esposados, maltratados, insultados, vejados, algunos golpeados, se les privó de ser asistidos oportunamente por abogados, fueron exhibidos ante la televisión como delincuentes. Esto ha sido una muy grave ruptura de la legalidad, algo que solamente habíamos visto en la época de Fujimori”, le señaló a PáginaI12 Carlos Rivera, abogado del IDL.
Rivera precisó que el estado de emergencia, esgrimido por las autoridades como escudo para justificar esa intervención policial, no da luz verde a este tipo de acciones. “Esta ha sido una acción irracional y desproporcionada que rompe inclusive lo que autoriza los estados de emergencia”. El abogado anunció denuncias legales contra el ministro del Interior, Vicente Romero, y los jefes policiales responsables de este operativo policial y estas detenciones. “Vamos a formular las denuncias penales y constitucionales que correspondan. No podemos permitir que vejaciones a la dignidad y libertad de las personas pasen desapercibidas”.
Para este martes se ha convocado una “marcha nacional” con la consigna “Dina renuncia ya”. En la plataforma de las protestas también se demanda la renuncia del presidente del Congreso, el general de ultraderecha José Williams, con pasado de acusaciones por violaciones a los derechos humanos, a quien le tocaría reemplazar a Boluarte si renuncia, lo que no es aceptado. Sanción para los culpables por las muertes de la represión, el adelanto de elecciones para este año, un referéndum para una Asamblea Constituyente, y en menor número la libertad de Pedro Castillo, son las otras demandas que movilizan las protestas que una brutal represión no han podido detener.
Por Carlos Noriega (vía Página 12)
