Este hecho fue interpretado por el parlamento como un intento de golpe de Estado y el pleno lo destituyó del cargo de forma inmediata bajo la causal constitucional de incapacidad moral para ejercer la presidencia.
Por el fallido intento de golpe de Estado, el Poder Judicial impuso a Castillo 18 meses de prisión preventiva a finales de diciembre de 2022.
Sobre el exmandatario también pesa una segunda prisión preventiva de 36 meses por presuntamente liderar una red criminal en los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
El 12 de enero, la fiscalía también solicitó, por el delito de rebelión, penas para varios exministros del Gobierno de Castillo, entre ellos la ex primera ministra Betssy Chávez y su asesor y predecesor Aníbal Torres, para los que se piden 25 y 15 años de prisión, respectivamente.
(Vía Sputnik)