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Refuerzan la seguridad en torno a Bolsonaro ante sospechas de fuga

El Supremo Tribunal Federal dispuso nuevas medidas de seguridad en la previa del juicio por intento de golpe de Estado, que podría derivar en una condena de hasta 40 años de prisión para Bolsonaro.

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó un refuerzo en las medidas de seguridad sobre el expresidente Jair Bolsonaro, ante lo que las autoridades consideran un posible riesgo de fuga en vísperas del inicio de la fase final del juicio en su contra por intento de golpe de Estado.

La resolución establece la inspección de los habitáculos y baúles de todos los vehículos que ingresen y salgan de la residencia del exmandatario, ubicada en un complejo de lujo en Brasilia. Además, se dispuso vigilancia permanente en las áreas exteriores, especialmente en los límites con viviendas vecinas, luego de que un informe señalara la existencia de “puntos ciegos” que podrían facilitar una eventual huida, entre ellos una medianera trasera que conecta con una casa colindante.

La cercanía con la Embajada de Estados Unidos, a pocos minutos en automóvil, también fue mencionada por la administración penitenciaria como un factor de preocupación.

Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto, con monitoreo de tobillera electrónica. El lunes pasado, De Moraes ya había reforzado la custodia ordenando presencia policial las 24 horas en la puerta de su domicilio.

Acusación y posible condena de Bolsonaro

En paralelo, el expresidente enfrenta una investigación por presunta obstrucción a la justicia. En su celular, los investigadores hallaron un documento con una “solicitud de asilo político” dirigida al presidente argentino Javier Milei, fechada en febrero de 2024. Para la Policía Federal, ese hallazgo refuerza la hipótesis de fuga, mientras que la defensa lo desestimó como “un simple borrador sin valor probatorio”.

El martes comenzará en el STF el juicio clave que definirá el futuro político y judicial de Bolsonaro y siete de sus excolaboradores. Están acusados de conspirar para desconocer el resultado de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, y de promover un plan para sostenerse en el poder de manera autoritaria.

De ser hallado culpable, el exmandatario podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión.

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