También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes.
“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, señaló la presentación.
El escrito también menciona que el propio gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el poder Judicial.
La denuncia se suma al habeas corpus presentado ante la justicia local por la Secretaría para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta.
A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Gerardo Morales a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida.
Sin embargo, este martes, efectivos de la Policía de Jujuy se despliegan en la localidad de Perico para reprimir a manifestantes que exigen la renuncia del Gobernador Morales y la derogación de la reforma constitucional, reportó Agencia Latinoamérica Avanza.
Pietragalla Corti recorrió junto a funcionarios de la Secretaría, del Instituto Nacional de Asuntos Indígena (INAI) y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) los lugares de las protestas y cortes de ruta.
Ahí se entrevistó con manifestantes, y visitó a todos los detenidos y detenidas para recoger testimonios, corroborar su estado integral y de detención.
Durante su viaje a la provincia, el secretario mantuvo una reunión virtual con el Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, y estuvo en conversación con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ambas organizaciones manifestaron en los últimos días su preocupación por la represión contra manifestantes en Jujuy y reclamaron al gobierno provincial el respeto por los derechos humanos.