La activista remarcó que lleva más de dos décadas comprometida con la causa palestina y sostuvo que la condena busca criminalizar una posición política. “Llevamos 24 años luchando por la causa palestina y no pararemos”, agregó.
“Caza de brujas”
Desde su entorno y organizaciones afines denunciaron que el caso se enmarca en una “caza de brujas” contra el movimiento de solidaridad con Palestina en Europa, con el objetivo de silenciar voces críticas frente a la política del Estado de Israel.
También señalaron que existe un endurecimiento del marco legal que, según afirman, restringe la libertad de expresión, especialmente tras los debates generados por los hechos del ataques del 7 de octubre de 2023.
En el plano internacional, las críticas también apuntan a líderes como Donald Trump y Benjamin Netanyahu, a quienes acusan de promover políticas que debilitan el derecho internacional.
El fallo reaviva además el debate sobre el movimiento Boicot Desinversión y Sanciones (BDS), que ya había sido objeto de controversias judiciales en Europa. En ese contexto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló anteriormente a favor de activistas, estableciendo límites a la criminalización de este tipo de acciones.
La sentencia contra Zemor se suma así a una creciente tensión entre gobiernos europeos y organizaciones que denuncian la situación en Palestina, en un escenario marcado por disputas políticas, jurídicas y de derechos humanos.
