Pero el expresidente no está solo en el banquillo de los acusados. La Fiscalía apunta al "núcleo" de la trama: un grupo de exministros, altos mandos militares y asesores de extrema confianza. Entre los más comprometidos están el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el exjefe de Gabinete y excompañero de fórmula de Bolsonaro, Walter Braga Netto, y el almirante Almir Garnier, excomandante de la Marina. Todos ellos podrían enfrentar condenas similares.
Incluso Mauro Cid, el otrora ayudante de Bolsonaro que se convirtió en pieza clave del caso al aceptar colaborar con la Justicia, fue alcanzado por el dictamen del fiscal, que considera que sus declaraciones, si bien ayudaron en la investigación, omitieron aspectos sustanciales. Por eso, se solicita para él una reducción parcial de pena, pero no impunidad.
La investigación detalla que el plan original fracasó gracias a la resistencia de la mayoría de las Fuerzas Armadas. El golpe incluía objetivos tan extremos como el asesinato de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez Alexandre de Moraes, figura central en las causas contra la ultraderecha.
Bolsonaro el "cerebro criminal"
En su escrito presentado este martes, el fiscal general Paulo Gonet no dejó lugar a ambigüedades: Jair Bolsonaro aparece como el cerebro de la organización criminal que intentó subvertir el orden constitucional en Brasil. Lo describe como el “líder”, “principal articulador” y “mayor beneficiario” de una trama que tuvo como objetivo final la ruptura del Estado democrático de derecho.
"No exercício do cargo mais elevado da República, instrumentalizou o aparato estatal e operou, de forma dolosa, esquema persistente de ataque às instituições públicas e ao processo sucessório", afirma Paulo Gonet. "No exercício do cargo mais elevado da República, instrumentalizou o aparato estatal e operou, de forma dolosa, esquema persistente de ataque às instituições públicas e ao processo sucessório", afirma Paulo Gonet.
Según el dictamen, Bolsonaro no actuó solo: contó con el respaldo de altos funcionarios de su gobierno y con sectores estratégicos de las Fuerzas Armadas. Con su apoyo, afirma Gonet, puso en marcha un mecanismo sistemático que movilizó recursos, estructuras y competencias del Estado con fines contrarios al interés público.
El objetivo era claro: instalar falsedades sobre el proceso electoral, generar inestabilidad social y legitimar medidas de corte autoritario.
El fiscal vincula de forma directa a Bolsonaro y a los otros siete acusados con los violentos ataques del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia. Lejos de tratarse de un episodio aislado, el escrito del Ministerio Público cree que fue la culminación de una estrategia golpista alentada desde las más altas esferas del poder, sostiene que esa violencia fue “incentivada” por el círculo bolsonarista una vez que las demás vías fracasaron.
Más allá del contenido de las pruebas —videos, manuscritos, mensajes digitales— y de la magnitud de las imputaciones, la señal política es clara: el sistema judicial brasileño no está dispuesto a naturalizar las aventuras autoritarias ni a permitir su impunidad. Se espera que el juicio quede listo para sentencia en septiembre.
Presión de Estados Unidos
El contexto internacional agrega presión. La presentación de la Fiscalía llega en medio de un nuevo conflicto con Estados Unidos. El expresidente Donald Trump —íntimo aliado de Bolsonaro— amenazó con subir los aranceles a las exportaciones brasileñas como represalia por lo que considera una “persecución” contra el ex presidente.
Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del exmandatario, instalado en EE. UU., ha repetido que una amnistía sería la solución tanto al "problema judicial" como al comercial. Mientras tanto, sugiere que Washington podría sancionar al juez de Moraes, un gesto sin precedentes.
Pero en el plano interno, el desgaste es evidente. Aunque inhabilitado políticamente hasta 2030 por condenas previas, Bolsonaro sigue proyectándose como el líder natural de la derecha, lo que genera incomodidad entre sus aliados.
En particular, Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo y posible heredero político, se ve forzado a maniobrar entre la defensa de los intereses económicos de su estado y la lealtad al bolsonarismo.
Las fricciones no tardaron en estallar, Eduardo Bolsonaro lo acusó de "traición" por intentar negociar con diplomáticos estadounidenses una salida al "tarifazo" y por haber borrado una foto con una gorra con el slogan del MAGA de Trump.
El proceso contra Bolsonaro no sólo marca un hito judicial. También pone en evidencia la tensión entre la justicia, la ultraderecha y un sistema político que aún digiere los ecos del autoritarismo. El desenlace podría redefinir el liderazgo conservador en Brasil y determinar si el país logra cerrar definitivamente el ciclo del golpismo, iniciado en 2016 con el impeachment a Dilma Rousseff.
