La defensa de Lula recordó también que Moro se pudo beneficiar de su condena porque la prisión apartó al expresidente de la carrera electoral y permitió la victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones de 2018. “Él (por Moro) aceptó participar en el gobierno de Jair Bolsonaro”, denuncia una de las peticiones de la defensa de Lula ante el comité.
“Si bien los Estados tienen el derecho de investigar y perseguir los actos de corrupción, así como de mantener informada a la población especialmente cuando se trata de un expresidente del gobierno, estas acciones deben llevarse a cabo de una manera justa y respetando las garantías del debido proceso”, señaló el comité, según citaron Folha de São Paulo y Efe.
En su declaración recuerda que durante el proceso, que comenzó en 2016, el juez Moro autorizó a la Fiscalía a intervenir el teléfono personal de Lula y de sus familiares, y afirma que estas escuchas fueron filtradas a la prensa incluso antes de que el fiscal presentara los cargos. En estas acciones detecta una “clara violación a su derecho a la intimidad”. Por otra parte, se filtró a la prensa una orden de detención para interrogar a Lula, en otra vulneración de sus derechos, indicó el comité.
En Brasil, el Supremo Tribunal Federal también encontró irregularidades en el juicio contra Lula y anuló las condenas que pesaban sobre el expresidente.
Según informó el corresponsal en Ginebra del portal brasileño UOL, Jamil Chade, que dio la primicia, el gobierno brasileño tenía expectativas el año pasado de que, como se analizaba también en Brasil el proceso contra Lula, no se seguiría esta investigación en el ámbito de la ONU. Sin embargo, los abogados del expresidente insistieron en que el caso debía ser examinado y que existían “daños irreversibles” sufridos por Lula, entre ellos los 580 días de prisión que cumplió y el impedimento de ser candidato a la presidencia de Brasil en 2018.
“Aunque se anuló la condena y el encarcelamiento de Lula en 2021, estas decisiones no fueron suficientemente oportunas y eficaces para evitar o reparar los abusos”, manifestó el comité de la ONU. Agregó que Brasil debe asegurar las garantías del debido proceso en juicios futuros.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin, dijo en una conferencia de prensa que el pronunciamiento del comité es una “decisión histórica”, y la calificó como “una victoria no sólo del presidente Lula, sino de todos aquellos que creen en la democracia y en el Estado de derecho”. Zanin agregó que la decisión del comité ratifica que Lula “no tuvo derecho a un juicio justo e imparcial” y fue, además, “privado indebidamente de participar en las elecciones de 2018”.
De acuerdo con el abogado, el gobierno de Brasil tiene un plazo de 180 días para comunicarle a la ONU qué medidas tomará para “reparar los daños causados al expresidente” y para evitar que le ocurra lo mismo a otras personas.
