Otra vez el aborto sobre la mesa

Los argumentos planteados en el texto de la propuesta se basan en que la normativa vigente (Ley 19.628), impide que los progenitores que no cuentan con un certificado de defunción firmado por un médico puedan cremar o inhumar los restos de sus hijos. Cuestionan que el decreto actual (276/019) reconoce la muerte fetal a partir de las 20 semanas de gestación o cuando el feto tiene un peso superior a los 500 gramos. Para las senadoras, “el dolor de una madre no se mide ni en semanas ni en gramos”.

En tal sentido, mediante este proyecto, reclaman que el certificado de defunción sea expedido en cualquier etapa de la gestación como un “derecho fundamental” de los progenitores “al duelo y a dar una digna sepultura a los seres queridos”. Aseguran que “parte de la estabilidad moral de la familia –piénsese que puede haber hermanos esperando ese bebé que venía– pasa muchas veces por poder comenzar a hacer el duelo habiendo dispuesto de los restos de la vida gestacional”.

El día que se presentó la iniciativa, martes 1 de junio, la senadora Sanguinetti expresó mediante su cuenta de Twitter que «en nuestra cultura se tiende a infravalorar el dolor causado por la muerte de un bebé que no nació y se desautoriza su duelo por no ser considerada una pérdida real». Por su parte, Asiaín también se pronunció sobre el proyecto en las redes sociales y opinó que apunta a reconocer «el derecho de los padres a dar sepultura a sus hijos nacidos sin vida» y que «no sean tratados como deshecho hospitalario».

Entre líneas

En Uruguay nacen sin vida entre 250 y 280 bebés al año, según datos de estadísticas vitales publicados por el Ministerio de Salud Pública. De a cuerdo a la normativa actual (Decreto 276/019, artículo 4) sobre la expedición del certificado de defunción, “se entiende por muerte fetal la muerte intrauterina cuando el producto de la gestación es mayor de veinte semanas y /o con un peso mayor de 500 gramos. Se entiende por muerte de una persona nacida viva la que ocurre luego de haber existido vida extrauterina, cualquiera haya sido su duración”.

El nuevo proyecto de ley pretende modificar la edad gestacional en la que se reconoce la vida. Es así que define “nacido sin vida” como “toda vida humana en etapa de gestación que cesa en sus funciones vitales antes del nacimiento, o bien todo ser humano en gestación que, antes de encontrarse completamente separado del vientre materno, muere y no ha sobrevivido a la separación un instante siquiera, ya se trate de aborto precoz (antes de las 12 semanas de gestación), aborto tardío (entre 12 y 22 semanas de gestación) o mortinato (de más de 22 semanas de gestación)”.

Es decir, de aprobarse esta ley, y si los progenitores lo solicitan, el médico tratante deberá firmar el certificado de defunción, sin importar la etapa de gestación. De esta manera, y entre líneas, la iniciativa vuelve a plantear una discusión que parecía estar saldada: cuándo inicia la vida de una persona. Para la abogada Mariana Galván, quien perdió un embarazo de 37 semanas, el proyecto “Nacidos sin vida”, es incoherente con la legislación vigente porque pretende darle una identidad a los nacidos sin vida, pero abarcando cualquier etapa gestacional “Entiendo y comparto que todas las muertes son dolorosas, pero en el decreto actual ya existe la posibilidad de expedir un certificado para mortinatos de más de 20 semanas o 500 gramos. La posibilidad de inhumación y cremación ya existen. Lo que este proyecto pretende es reformar la ley que regula el certificado de defunción”. El problema con esta modificación, explicó la profesional, es que habilita nuevamente la discusión sobre la edad gestacional en la que debe considerarse la existencia de un bebé. “Indirectamente se está volviendo a sensibilizar en que antes de las 20 semanas ya existe un bebé con derecho a recibir una identidad y a ser enterrado. Es ahí que se desvirtúa todo”, opinó.

Por otro lado, Galván manifestó su preocupación ante esta iniciativa que, a su entender, también “toca” el tema de la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (IVE). “El proyecto de ley habilita a cualquiera de los progenitores a solicitar el certificado para enterrar a su hija o hijo. Esto significa que si una mujer decide abortar y el coprogenitor  no está de acuerdo, este podría solicitar el certificado, reclamar los restos, darle un nombre y enterrarlo. Todo esto sucedería mientras la madre decidió abortarlo”.

En la misma línea, el ginecólogo, Ernesto Laborde, quien integra equipos de Salud Sexual y Reproductiva, manifestó que el proyecto, de alguna manera, vulnera un derecho ya consagrado de las mujeres, como el de interrumpir voluntariamente un embarazo. “Cuando una mujer, amparada en su derecho, interrumpe un embarazo ni siquiera tiene la obligación de comunicárselo al co progenitor porque es una decisión de la persona gestante. Mediante esta ley, el padre, si se entera de la situación, queda amparado para reclamar los restos”. “Creo que este tipo de propuestas están en consonancia con algunas acciones que se vienen observando, como la colocación de carteles con información errónea sobre la vida intrauterina. Habría que ver si el espíritu real de este proyecto va en esa línea, pero, en primera instancia, vulnera derechos consagrados”.

Otra problemática del proyecto, desde el punto de vista médico, radica en su viabilidad: ¿Qué restos se les pueden entregar a los progenitores de embarazos menores a veinte semanas? Sobre este punto, el ginecólogo aseguró que en ciertas etapas del embarazo “es casi imposible” que los equipos de salud puedan retirar algún resto para entregarles a madres y padres.

Si bien el profesional consideró válido “todo esfuerzo que pueda hacer una organización o persona para generar leyes que atiendan estos aspectos tan sensibles e importantes para vida de los seres humanos”, entiende que, en este caso, el proyecto está mal planteado. En tal sentido, señaló que la organización de padres y madres Luz del Cielo viene trabajando desde hace tiempo en relación a este tema, pero con otro enfoque. “Creo que hay ciertos actores de la sociedad que deberían ser convocados para discutir sobre estos temas, tanto esta organización de padres y madres, como los equipos de salud”.

Por su parte, un profesional de Salud Mental consultado coincidió en que el proyecto de ley busca “de forma solapada” volver a discutir la edad gestacional en la que se considera el derecho a la vida. Sobre el argumento del “derecho al duelo y a dar una digna sepultura, explicó que “cada duelo es diferente según la edad gestacional”, por lo cual “no pueden meterse todos en la misma bolsa”. “La biología de cada caso es diferente. No es lo mismo el duelo de una madre que sintió el movimiento fetal al de una que jamás lo sintió”.

Contra las mujeres

En el ámbito parlamentario, algunas legisladoras de la bancada del Frente Amplio, tampoco ven con buenos ojos este proyecto. La diputada del Movimiento de Participación Popular Margarita Libschitz le dijo a Caras y Caretas que si bien no se oficializó ninguna postura al respecto, el tema se está conversando. Para la legisladora se trata de una iniciativa que “solo busca meterse con los derechos de las mujeres”. “Cuando presentaron el proyecto, me alegré porque pensé que iba en la línea del planteo que está realizando la organización Luz del Cielo, que tiene que ver con el derecho de los progenitores a identificar con nombres a sus hijos, pero cuando lo leí me indignó. En el primer artículo, si bien no interrumpe la ley IVE, se mete de lleno con su espíritu porque refiere al derecho que tiene el embrión o feto, en cualquier momento de la gestación, a tener un nombre, a ser exhumado”. “La ley IVE garantiza el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo hasta las doce semanas porque se entiende que antes de ese plazo no hay un bebé sujeto de derechos. Plantear otorgarle derechos a un embarazo de 5 días es hasta caricaturesco”, agregó.

La diputada remarcó que la propuesta de las senadoras de la coalición contradice la ley vigente y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que reconocen la existencia de un bebé a partir de la semana veinte. Además, dijo, no tiene en cuenta las licencias maternales que reclaman familias. “En la actualidad, si una mujer pierde un embarazo de 8 meses solo le corresponden 3 días y tiene que reintegrarse a la actividad. Lo que reclaman las familias es que tenga una licencia maternal porque esa mujer cursó un embarazo. Pero eso tampoco está previsto en esta iniciativa que, en realidad, solo tiene el espíritu de meterse con los derechos de las mujeres”.

Otro proyecto: “En tu nombre”

 La organización no gubernamental (ONG) Luz del Cielo Uruguay, conformada por madres y padres que brindan apoyo y contención a familias que transitan procesos de duelo por muerte gestacional perinatal, presentará en estos días un proyecto de ley de mortinato denominado “En tu nombre”. Esta iniciativa está basada en la normativa actual y tiene como objeto la identificación y el reconocimiento de los progenitores ante la muerte de un hijo o hija con una edad gestacional superior a 20 semanas.

Caras y Caretas dialogó con la directora de la ONG, María Belén Piñeyrúa, quien recordó que en Uruguay, como en muchas partes del mundo, los nacidos sin vida no llevan nombre, sino que son registrados como óbito fetal masculino o femenino. “Lo que buscamos es que en el certificado de defunción figure el nombre de nuestros hijos, en lugar de óbito fetal”. La búsqueda de esa identidad social y simbólica, expresó, tiene la finalidad de otorgarles un reconocimiento a madres y padres frente a la pérdida de sus hijos. “No tiene nada que ver con lo jurídico. No queremos cambiar la ley existente, ni la edad gestacional. Queremos que se les pueda poner un nombre porque al ser considerados como óbitos, el padre y la madre no son reconocidos ante la sociedad y es como que su hija o hijo nunca hubiera existido”.

Desde Luz de Cielo vienen desarrollando este proyecto desde hace más de un año y, además, trabajan en capacitaciones a equipos de salud que apuntan a generar conciencia y sensibilización social. “Más de una persona llega a la organización preguntando si es madre o padre porque les hacen creer que no lo son porque sus hijos murieron. Nosotros queremos contribuir a que no exista esa duda”.