“Esta herramienta informática la tienen todos los departamentos jurídicos de los incisos de la Administración Central, es una primera etapa y eso fue lo que presentamos el pasado viernes 20”, señaló Maqueira.
El jerarca dijo que este sistema también sirve “como herramienta de gestión de los juicios”.
“En Uruguay tenemos una situación en la que los servicios jurídicos están completamente descentralizados y gestionados por cada organismo, e incluso hay organismos que dentro de ellos tienen varios servicios jurídicos que no están conexos entre sí, lo que permite suponer que a veces hay dificultades en la defensa de los intereses del Estado”, explicó.
Y añadió: “Este registro lo que pretende inicialmente es recolectar la información necesaria para realizar los análisis pertinentes. Todos tenemos la intuición de que la defensa jurídica del Estado es mala, pero en realidad no hay datos que digan eso”.
“Sí vamos a tener el dato, por ejemplo, de por cuánto ha sido demandado el Estado en el último año y cuánto ha pagado. Es toda esta información la que se quiere tener”, dijo.
Consultado si existe una industria de litigar contra el Estado, Maqueira opinó que sí: “Hay gente que se ha dedicado a hacerlo. Lo que no está mal. Si tienen razón, lo va a decidir un juez. El asunto es que el Estado debe optimizar su defensa”.
“Seguramente hay casos en los que el Estado se defiende mal, pero seguramente también hay casos en los que se defiende bien. No es posible hacer una generalización porque, además, nos consta que hay gente que trabaja muy bien”, resaltó.
Para el director, “el objetivo final debe ser tener una centralidad estratégica, aunque no va a pasar ahora. Estamos arrancando con lo más básico, que es obtener la información para analizar y luego formular políticas”.
Respecto a la respuesta que se ha tenido de las oficinas jurídicas a las que se les pidió información, Maqueira dijo que se ha tenido “muy buena receptividad y debo decir que me ha puesto muy contento. Era una aprehensión que teníamos ya que las jurídicas funcionan de manera independiente. Pero se entendió que venimos a sumar; la receptividad ha sido excelente, arriba de 95 por ciento. Hemos capacitado a unos 350 abogados para el uso de la herramienta informática que, entre otras cosas, tiene una interoperatividad con el Poder Judicial, lo que permite saber al instante si ha habido alguna novedad en torno al juicio que se está desarrollando”.
“Es una herramienta que ayudará al trabajo de los abogados. Con esto tratamos de homogeneizar la forma en cómo se llevan adelante los juicios”, remarcó.
“Tendrá un alto grado de estandarización de la procuración de los juicios, avanzando hacia una forma de gestión más uniforme por parte del Estado durante el juicio e incluso luego en la etapa de ejecución de las sentencias y las comunicaciones que deban realizarse, por ejemplo, al Ministerio de Economía cuando corresponda el pago por parte del Estado”, reseñó.
Plan piloto
El jerarca destacó que en el mes de marzo pasado se puso en producción un plan piloto que incluyó seis incisos y en julio se extendió a toda la Administración Central. Actualmente hay 6.800 juicios cargados en el programa.
También remarcó que el registro es abarcativo de los trámites que se llevan adelante ante el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Juicios Internacionales y Tribunales Arbitrales en que participe el Estado, ya sea como actor, demandado, tercerista, citado en garantía, y en general cualquiera sea su participación procesal en un trámite jurisdiccional, del que pueda derivar una consecuencia para el Estado, sea favorable o desfavorable.
Este proyecto se financia con la participación del Ministerio de Economía a través de su Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria, mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Presentación
La presentación de esta nueva herramienta, se realizó el viernes 20 en la Sala Alba Roballo del MEC con la presencia de la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz; el director Maqueira; el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri; y la coordinadora del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria y Financiera, Marta Abilleira.
Este registro aporta información estandarizada y unicidad de criterios para el registro de los datos, pudiendo así realizar propuestas de mejora en las estrategias litigiosas, además del monitoreo al día de los juicios ingresados.
La herramienta habilitará el desarrollo del concepto de “abogacía preventiva respecto a la actuación de un juicio y al análisis de los hechos que estos juicios generan […] lo que implica un cambio en el paradigma de las formas de trabajo que pasan de la defensa del organismo a la defensa del Estado”, explicó Maqueira a los presentes.
La administración del RUJE está a cargo del MEC a través de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales con el apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas.
Abilleira, coordinadora de este programa, fundamentó el apoyo “partiendo de la base de que el proyecto debía cumplir ciertas premisas, como el apoyo de la gestión y el fortalecimiento de las unidades. En ese sentido buscamos la forma de transformar un registro en algo más vivo que fortaleciera las instituciones a través de la ayuda a quienes llevan adelante los juicios”.
Para ello, desde el programa se analizó el impacto de los juicios del Estado en el tema presupuesto y la posibilidad de conocer el posible gasto contingente que existe.
Curso de capacitación
En junio pasado, en las salas de la ENAP, se llevó a cabo la capacitación a usuarios finales del RUJE. La misma estuvo a cargo del equipo de proyecto y el contenido de la capacitación abarcaba una introducción al contexto jurídico y normativo de la herramienta, las características funcionales y técnicas y culminaba con un taller práctico sobre el uso del sistema. Participaron integrantes de la Presidencia de la República y de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social; de Ganadería, Agricultura y Pesca; de Turismo; de Industria, Energía y Minería; de Desarrollo Social; de Transporte y Obras Públicas; y de Relaciones Exteriores, alcanzando de esta manera a todo el Poder Ejecutivo. Los referidos Incisos del Poder Ejecutivo ingresarán en carácter obligatorio en la última quincena del mes de julio del corriente de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 3/019 de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales.
