Patrón de estancia
Por Carlos Peláez
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Por Carlos Peláez
Entender cómo funciona el departamento de Maldonado mirándolo desde afuera o sólo por lo que dicen de él los medios de comunicación, es muy difícil y podría llevar a conclusiones equivocadas.
Se trata del departamento que más riqueza genera –o generaba hasta antes de la pandemia– gracias a los ingresos de la actividad turística y el desarrollo de la industria de la construcción.
Sin embargo, es el lugar donde se aprecia en forma más obscena la desigualdad e injusticia social. Basta pararse en la esquina que forman la avenida San Pablo e Isabel de Castilla. A un lado se verá la verde inmensidad del Club de Golf de Cantegril Country Club rodeado de fastuosas residencias valoradas en millones de dólares y exactamente al otro lado se encuentra el barrio Kennedy hoy convertido en un asentamiento.
En los últimos 40 años Maldonado sufrió una brutal transformación urbanística, edilicia y social. Para mejor entender:
El crecimiento edilicio aportó enormes recursos a las arcas de la intendencia. Basta recordar que el presupuesto quinquenal con el que contó Benito Stern (PC), primer intendente posdictadura, fue de 30 millones de dólares y dejó un déficit de 2 millones.
Hoy Enrique Antia (PN) cuenta con 1.000 millones de dólares y un déficit de 100 millones que licuó mediante un fideicomiso a 15 años.
En las últimas elecciones departamentales el Partido Nacional logró el 56% del total de votos válidos. Y eso le permitió obtener la mayoría absoluta en la Junta Departamental. Con 21 ediles no necesita de la oposición para nada, puede hacer lo que quiera.
Los blancos consiguieron 14.000 votos más en relación a las departamentales del 2015. Exactamente la misma cantidad que perdió en estas el Frente Amplio.
En tanto hay que remontarse 21 años atrás para encontrar a un Partido Colorado superando los 9.000 votos.
¿Cómo se explica esta victoria blanca que no tiene ningún antecedente?
Entre el 2015 y el 2020 Antía encabezó un gobierno que no tuvo ninguna obra de importancia, aunque acrecentó el déficit de 47 millones en el 2015 hasta algo más de 100 millones de dólares en el 2020, ambas cifras según lo establecido por el TCR.
Pero para el triunfo de 2020 confluyeron tres razones: la oposición frenteamplista se autodestruyó; Antía construyó un inexpugnable cerco mediático y en la campaña electoral tanto él como su competidor en la interna, Rodrigo Blás, invirtieron en publicidad una cifra increíble e imposible de justificar.
Basta decir que no hubo espacio público que no fuera ocupado por los blancos, la cartelería de la oposición quedó invisibilizada. Pero además usaron recursos públicos para sus campañas políticas.
El año pasado entrevistado en Canal 11 de Punta del Este, el intendente sorprendió al afirmar que “anotaba en una libreta los nombres de sus adversarios y personas que no eran de su simpatía”.
Más adelante ordenó publicar en la web de la Intendencia los nombres de los ediles que no votaron la anuencia para un fideicomiso de 95 millones de dólares con el que pretende licuar el déficit.
Según el Presupuesto Quinquenal, la intendencia de Maldonado cuenta con unos 30 millones de pesos anuales (unos 700.000 dólares al cambio actual) para publicitar su accionar.
Como esa cifra se actualiza año a año, es altamente probable que al final de su periodo de gobierno Antía haya gastado unos 5 millones de dólares en publicidad. Y a ello hay que sumar algo más de 1.000.000 que gastará en el mismo rubro y tiempo la Junta Departamental.
En agosto pasado se presentó un pedido de acceso a la información, basado en la ley respectiva, con el que se pretendía saber cuánto dinero entregó a cada medio departamental en el período pasado.
Sustentado por un informe del escribano Eduardo Suárez, sub director de Asesoría Jurídica, el gobierno declaró “confidencial” esa información. Dijeron que “ya se hizo pública la cifra total de lo gastada y con eso está satisfecho el interés público”.
“Difundir esa información afectaría el plan de medios en el que trabaja la administración para el presente periodo”, sostiene la respuesta.
Durante la votación del Presupuesto Quinquenal de la pasada administración, el jefe departamental logró introducir una norma en el artículo 30 que establece: “El 30% de los nuevos ingresos de funcionarios serán por designación directa”.
Además logró que Adeom firmara una cláusula de “paz sindical”. Una paz que podría romperse pronto porque el gremio de municipales reclama “por unanimidad del plenario de delegados, exigir al intendente Enrique Antía, detener inmediatamente los ingresos por el artículo 30 sin excepciones, hasta haber concluido el proceso de trabajo acordado en cuanto al Manual de Descripción de Tareas y su posterior resolución”.
Adeom entiende que los ingresos por dicho artículo 30 “atentan no solo contra la carrera funcional (derecho consagrado en la Constitución de la República), sino también contra la democracia”, por lo cual de, “constatarse nuevos ingresos a través de esta modalidad”, los trabajadores “actuaremos en consecuencia”.
Pero Maldonado tiene otra curiosidad: es la intendencia con más cargos de confianza, 106 en total. Ellos dirigen a unos 3.000 funcionarios.
El actual director de Recursos Humanos, Miguel Abella, dijo a la diaria que “las ocho alcaldías se llevan unos 18 cargos de confianza, mientras que el resto de esos cargos son los que necesita la Intendencia para funcionar”. Además aseguró que la pasada administración del Frente Amplio tenía aún más cargos de confianza. Pero ese dato es falso ya que en el 2014 esta misma intendencia registraba 79 cargos de ese escalafón.
A fines del año pasado el Tribunal de Cuentas en un contundente informe reveló que la intendencia había falseado sus números. Y afirmó que de los datos aportados no surge un superávit, como afirmaron, sino un déficit que supera en más del doble a lo declarado como ganancia.
En los 5 años pasados Antía basó sus presentaciones públicas en la llegada de importantes inversiones. En los hechos nada de ello ocurrió. Su buque insignia fue el proyecto de Giuseppe Cipriani para el predio donde se erigía el hotel San Rafael.
El trámite fue escandaloso. Se le otorgaron permisos para demoler en base a una maqueta. El hotel fue derruido a principios de 2018, el proyecto ya sufrió tres modificaciones y de los 400 millones de dólares de inversión anunciados en el 2017, finalmente apenas superarían los 200 millones.
Pero tres años después aún no se han presentado planos y ni la solicitud de permisos respectivos. Tampoco el estudio de Impacto Ambiental.
El conflicto más reciente debería enfrentar a Antia con el ministerio de Economía y Finanzas. Un extenso juicio que comenzó en el 2012, cuando el intendente frenteamplista Óscar De los Santos se negó a pasar al dominio privado unas 8 hectáreas de costa frente al balneario Buenos Aires, valuadas en unos 5 millones de dólares.
En 2016 Antía mantuvo el mismo criterio. Pero meses después cambió de opinión y autorizó un acuerdo extrajudicial con Pablo Reynal y Álvaro Cayol titulares de las empresas panameñas Kalin Assets SA y Arwen Inc.
«Hay una desproporcionalidad absoluta entre las concesiones hechas por los particulares y el reconocimiento de la propiedad privada de tierras fiscales sobre la playa por parte de la intendencia departamental. Con el pretexto de evitar daños que no existen, Antía entrega un súper millonario lote de tierras fiscales a un grupo de privados con fuerte lobby dentro del propio gobierno departamental», dijo el edil Joaquín Garlo (MPP-FA).
Los nuevos propietarios pretenden construir allí un complejo residencial. Ahora los únicos que podrían detener esta entrega son el MEF y el Ministerio de Medio Ambiente si planteara objeciones ambientales.
Por su lado los vecinos del lugar que se verían afectados, han iniciado una serie de movilizaciones tratando de ser escuchados.
En el año 2018 a propuesta del edil colorado Juan Silvera que contó con el apoyo de toda la bancada frentista, llevó un recurso al Parlamento y lograron detener una entrega a privados de importantes lotes costeros ubicados en Eden Rock, próximo a la boya petrolera.
La figura del patrón de estancia no solo pervive en los ámbitos comerciales sino que está inserta en casi todos los órdenes de la vida. Las esferas de la educación y la cultura no están exentas de ella. Al patrón de estancia se lo reconoce a simple vista porque tiene la particularidad de ocuparse más de los negocios de la cultura que de la cultura misma. Como Zelig, aquel famoso personaje de Woody Allen, se lo encuentra en todas partes, no solo para acrecentar poder sino para convertirse en una marca registrada, en garantía de calidad más por constancia que por productividad. El saber, para este personaje, suele ser lo de menos; sin embargo, necesita el prestigio que le otorga una atmósfera supuestamente alejada de las cuestiones lucrativas. Entonces, parapetado detrás de este imaginario, salvaguardado por el prejuicio, actúa como operador de bolsa, siempre pendiente del valor de sus acciones. Que en este caso, es su propio nombre. El patrón de estancia trafica influencias, otorga favores y dádivas, ocupa lugares estratégicos de poder, se expande con aires de terrateniente, conquistando espacios ajenos y tejiendo redes de contacto por dentro y por fuera de sus dominios, a los que administra como auténticos feudos. Nunca hace nada demasiado importante pero simula estar siempre absorbido por los más profundos intereses (uno no sabe a ciencia cierta qué mismo es lo que hizo a lo largo de su publicitada trayectoria). Se rodea principalmente de seguidores que ostentan el rasgo que más admira: la obediencia bovina, y que orbitan como planetas a su alrededor a la espera de la vida y el sentido. El funcionamiento de estos grupos por lo general es hermético. No son amigos entre sí sino que conforman una sociedad donde los secretos, las intrigas, los chismes pero sobre todo, las deudas y favores, circulan como garantía y salvoconducto. Como el jefe supremo, tampoco hacen nada demasiado interesante, hasta a veces se acercan a la figura del parásito, pero también se publicitan vistosamente. Para el patrón de estancia, la inteligencia y la creatividad del otro, del extraño a sus dominios, suelen ser enemigos acérrimos porque ambas develan el carácter arbitrario de sus cargos y posiciones. Que a veces son encumbrados. Cuando se enfrenta a este tipo de peligro, actúa como cualquier poder fascista: lo hace desaparecer. Invisibiliza al rebelde, lo sofoca tensando los hilos de aquel entramado, cercando así las posibilidades de sobrevivencia, y refuerza a la vez el poder corifeo de su tropa. El patrón de estancia no es solo un personaje mediocre sino un mediocre astuto y peligroso. Opera, precisamente, socavando las bases en donde se inserta, demoliendo cuanto talento o inquietud no colonizable encuentra a su paso. Por lo que su peligrosidad se eleva cuando ocupa cargos educativos. Como su objetivo principal es el analfabetismo ilustrado que lo sostenga en el poder el mayor tiempo posible (para administrar la posteridad quedan los seguidores), puede llegar a desmantelar generaciones enteras que caen en sus territorios. Sumirlas en la desmotivación que provoca todo horizonte alambrado de expectativas. Es el domesticador por antonomasia de todo espíritu libre y creativo, por lo que los jóvenes son sus principales víctimas. Pero el patrón de estancia en la cultura y la educación no es un caso singular, no es un psicópata que se apoderó de un espacio ni un alienado inconsciente de sus propias limitaciones. Es un producto, tal vez el más perverso, de la misma estructura educativa y cultural que genera la posibilidad de su existencia y le da amplias garantías de supervivencia y buena salud.
ZENDA LIENDIVIT Directora de Revista Contratiempo