Un funcionario que estuvo presente en las negociaciones del país anónimo, por su parte, describió las demandas de Pfizer como “intimidación de alto nivel”, y dijo que el gobierno sentía que estaba siendo “chantajeado” para acceder a vacunas.
Pfizer solicitó una indemnidad adicional de los procesos civiles, lo que significa que la empresa no sería responsable de los efectos adversos raros que ocasione su vacuna, o de sus propios actos de negligencia, fraude o malicia. Esto incluye aquellos relacionados con las prácticas de la empresa como, por ejemplo, si Pfizer envió la vacuna incorrecta o cometió errores durante la fabricación.
“Se garantiza cierta protección de responsabilidad, pero ciertamente no en caso de fraude, negligencia grave, mala gestión o incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación”, dijo Gostin. “Las empresas no tienen derecho a pedir indemnidad por estas cosas”.
El Dr. Mark Eccleston-Turner, profesor de derecho sanitario mundial en la Universidad de Keele, afirmó que Pfizer y otros fabricantes han recibido financiación gubernamental para investigar y desarrollar las vacunas, y ahora quieren que los posibles costos de los efectos adversos recaigan sobre los gobiernos, que incluye a países de ingresos bajos y medios.
BioNTech, socio de Pfizer, recibió US$445 millones del Gobierno alemán para desarrollar una vacuna, y el Gobierno estadounidense acordó en julio realizar un pedido anticipado por 100 millones de dosis por casi US$2.000 millones, antes de que la vacuna hubiera entrado siquiera en la fase tres de los ensayos. Pfizer espera vender vacunas por valor de US$15.000 millones en 2021.
En opinión de Eccleston-Turner, pareciera que Pfizer “está tratando de obtener el máximo beneficio y minimizar su riesgo en cada situación crítica con el desarrollo de esta vacuna, y luego con su lanzamiento”. Ahora bien, el desarrollo de la vacuna ya ha sido subvencionado generosamente; es así que el riesgo para el fabricante es mínimo”.
